El 12 de febrero de 2026, el Consejo de Estado en Colombia suspendió provisionalmente el decreto que estableció el incremento del salario mínimo nacional, ordenando la expedición de un nuevo acto administrativo. La suspensión, de carácter cautelar, no afecta de manera definitiva la legalidad del aumento, sino que mantiene la vigencia del salario actual hasta que se resuelva en fondo el proceso judicial. En ese contexto, el exmagistrado de la Corte Constitucional de Colombia, José Gregorio Hernández, explicó que la jurisprudencia constitucional establece límites claros contra la reducción del salario mínimo, dado que implicaría vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores. Hernández precisó que, según lo dispuesto en los artículos 25 y 53 de la Constitución, una vez fijado el salario mínimo, no puede disminuirse, ya que esto atentaría contra condiciones justas y dignas de trabajo. La medida cautelar del Consejo de Estado no modifica de inmediato el monto del salario mínimo: este continúa aplicándose bajo las condiciones del decreto suspendido hasta que el Gobierno expida un nuevo acto ante la orden judicial. Hernández destacó que reducir el salario mínimo contravendría la Constitución y vulneraría los derechos laborales, además de infringir garantías básicas de seguridad jurídica y condiciones laborales dignas, ya que los principios del artículo 53 son mínimos que pueden ser mejorados, pero no disminuidos. El lunes 16 de febrero, se llevó a cabo una mesa de Concertación Extraordinaria para discutir la modificación del salario mínimo, la cual concluyó sin acuerdo entre el Gobierno, centrales obreras y gremios empresariales. La expectativa sigue en torno a la emisión del nuevo decreto solicitado por el Consejo de Estado. Mientras tanto, el incremento del 23,7% permanece vigente, y las centrales obreras reafirmaron su respaldo al aumento, calificándolo como un derecho constitucional y legal. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, afirmó que esperan que el nuevo decreto mantenga el mismo porcentaje. Desde el Gobierno, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que recurrirán a recursos legales y cumplirán con la orden judicial para garantizar seguridad jurídica sin afectar los derechos de los trabajadores, mientras que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, expresó preocupación por el impacto en micro y pequeñas empresas y anunció medidas para mitigar los efectos económicos. La Asociación de Comercio, Fenalco, advirtió que mantener el aumento podría poner en riesgo alrededor de 700,000 empleos y afectar a más de un millón de microempresas, aunque aseguraron acatar la decisión definitiva que se tome. La situación continúa en evaluación, con expectativas en torno a la resolución del proceso judicial, en medio de la tensión entre la protección de los derechos laborales y los efectos económicos del incremento salarial.
