La desactivación de fiscalías especializadas en violencia sexual en la provincia de Condorcanqui, región Amazonas, ha generado alarma por el aumento en los niveles de impunidad en los delitos contra niñas awajún, alertaron expertas y organizaciones indígenas. La exministra de la Mujer, Diana Miloslavich, afirmó que cerca de 800 denuncias permanecen sin ser investigadas ni judicializadas, dejando a muchas víctimas en situación de vulnerabilidad.
Durante una entrevista en Canal N, Miloslavich criticó la decisión del Ministerio Público de eliminar estas fiscalías y unidades médico-legales en zonas rurales, como Nieva, que facilitaban la atención en casos de violación sexual, principalmente en niñas y adolescentes de los pueblos awajún y wampis. Esta medida, implementada durante la gestión del fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez, ha impedido que muchos delitos tengan una respuesta efectiva, según denuncian líderes indígenas.
La exministra recordó que estas fiscalías formaban parte del Sistema Nacional de Justicia para la prevención y sanción de la violencia, y cuestionó que el Ministerio Público no haya solicitado los recursos adicionales necesarios para mantener su operación. Aunque el Ministerio de Economía y Finanzas afirmó que los fondos fueron transferidos, Miloslavich acusó que la asignación y ejecución dependían de la gestión de la fiscalía, a la cual responsabilizó por la mala gestión y desinterés en atender la problemática.
La decisión de eliminar estas unidades ocurrió en medio de la incapacidad de la fiscalía para garantizar atención integral, ya que, según informes, personal contratado fue despedido y en varios turnos ya no hay psicólogos para atender a las víctimas, muchas de las cuales han quedado embarazadas por violaciones o presentan diagnósticos de VIH. Estas situaciones ya han sido comunicadas a instancias internacionales.
Organizaciones indígenas, como el Consejo de Mujeres Awajún, denunciaron que la supresión de estos servicios implica el despido de 26 trabajadores especializados en violencia sexual y representa un retroceso en la protección de las víctimas. La presidenta Rosmery Pioch criticó duramente la decisión, calificándola como un acto de abandono.
En el Congreso, legisladoras como Flor Pablo y Ruth Luque cuestionaron la contradicción entre la declaración pública de continuidad de los servicios y la resolución que eliminó las plazas. Además, advierten que la centralización de casos en un solo punto de atención dificulta el acceso a justicia para comunidades rurales, que deben viajar durante días por río para presentar denuncias.
Ante estos hechos, Miloslavich solicitó convocar de emergencia a un consejo multisectorial del sistema de justicia, con la participación del fiscal de la Nación y otros actores clave, para restablecer la presencia fiscal en la zona y gestionar recursos adicionales que aseguren la reactivación de las fiscalías especializadas. La exministra reiteró que la violencia sexual contra niñas awajún y wampis debe ser una prioridad del Estado; mientras estos servicios no sean restablecidos, las víctimas seguirán sin acceso a justicia, reparación y verdad.
