El acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, que abrirá uno de los mercados más grandes del mundo, entrará en vigor en 2027 y requerirá de las empresas de la región una preparación rigurosa en aspectos ambientales, legales y operativos. Aunque representa una oportunidad significativa de crecimiento, su implementación implicará cumplir con estrictos estándares internacionales y afrontar riesgos que pueden afectar la continuidad de los negocios.
El tratado busca facilitar la eliminación gradual de aranceles y promover inversiones en productos y servicios, beneficiando tanto a las economías del Mercosur como a los productores europeos en acceso a materias primas y mercados. Sin embargo, expertos advierten que las empresas deben prepararse para afrontar requisitos que van mucho más allá de las promesas, incluyendo controles de trazabilidad y sustentabilidad basados en normativas de la Unión Europea.
Uno de los aspectos más destacados y controversiales es el mecanismo de Ajuste en Frontera del Carbono (CBAM), que sanciona a quienes no cumplen con los estándares de medición y compensación de huella de carbono, asegurando que no exista fuga de emisiones o greenwashing. Además, se impondrán obligaciones relacionadas con derechos humanos, laborales, medioambientales, anticorrupción y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Estas regulaciones, aún poco auditadas en Latinoamérica, exigirán a las empresas cumplir con procesos estrictos antes y después de la firma de contratos, con posibilidades de rechazo de mercancías, multas o sanciones en caso de incumplimiento. Las diferencias en responsabilidades civiles y los costos legales en Europa también representan un desafío adicional.
Por ello, los productores del Mercosur deben realizar una evaluación exhaustiva de sus procesos y capacidades, invirtiendo tiempo y recursos antes de acceder a este mercado, para evitar daños irreparables que puedan poner en riesgo sus operaciones. La participación en estos acuerdos no solo requiere esfuerzo empresarial, sino también un compromiso de adaptación a estándares internacionales que en muchas ocasiones sobrepasan la regulación local.
Se destaca que, aunque el Estado puede no jugar un papel directo en la implementación de estas normativas, el sector privado y los agentes comerciales ya han avanzado en programas de trazabilidad y sustentabilidad como valor agregado. La diferencia ahora será la mayor exigencia en controles y certificaciones.
La oportunidad está clara: acceder a uno de los mercados más grandes del mundo. Sin embargo, Europa no compra promesas; exige cumplimiento efectivo. Solo las empresas preparadas podrán transformar esta apertura en crecimiento real y duradero en sus negocios internacionales.
