La Secretaría de Estado de Estados Unidos, a través del senador Marco Rubio, expresó su respaldo a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Panamá de anular el contrato de concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, en una declaración publicada en redes sociales. Rubio mencionó que Washington se siente 'alentado' por el fallo que considera inconstitucionales dichas concesiones, vinculadas a intereses chinos, sin ampliar en detalles sobre las implicaciones políticas, económicas o estratégicas.
La decisión judicial se dio horas después de que el máximo tribunal panameño decidiera dejar sin efecto el contrato otorgado a Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison Holdings, que por más de veinte años gestionó las principales terminales portuarias en las entradas del Canal de Panamá.
Tras el fallo, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que activó un plan técnico de transición para garantizar la continuidad en operaciones portuarias sin interrupciones, asegurando niveles adecuados de productividad, eficiencia y calidad en los servicios. Además, indicó que cuenta con el apoyo de APM Terminals como administrador temporal durante la transición, con el fin de preservar la estabilidad de la cadena logística y evitar impactos negativos en el comercio internacional.
El comunicado de la AMP destacó también que el Estado panameño garantizará la operación regular del sistema portuario, priorizando la legalidad, el interés nacional y la cooperación con las empresas involucradas, en un proceso ordenado y coordinado.
Estas reacciones oficiales ocurren en un contexto en el que Estados Unidos ha manifestado preocupaciones reiteradas respecto a la presencia de empresas chinas en puntos estratégicos del Canal de Panamá, especialmente en terminales en las entradas del canal, considerados claves para el comercio global. Estas inquietudes se intensificaron durante la administración del expresidente Donald Trump, cuando funcionarios estadounidenses advirtieron sobre el posible aumento de la influencia china en Centroamérica y el Caribe.
Para Panamá, tanto el Gobierno, la Autoridad del Canal como China han rechazado las acusaciones, asegurando que las concesiones se otorgaron atendiendo criterios técnicos y comerciales, sin afectar la soberanía, la neutralidad ni la seguridad de la vía interoceánica. China también negó que sus empresas operaran con fines políticos o estratégicos y defendió sus inversiones como parte del comercio internacional.
El papel de la Autoridad del Canal de Panamá ha sido reiterar que las operaciones portuarias y el tránsito de buques en las entradas del Canal permanecen bajo la administración exclusiva del Estado, sin interferencias. Tras el fallo, el gobierno panameño ha reafirmado su compromiso con la estabilidad y el fortalecimiento de la confianza de inversionistas y socios estratégicos, proyectando a Panamá como un socio confiable en las cadenas logísticas internacionales.
Por otro lado, la reacción del mercado financiero también refleja el impacto del fallo judicial, pues acciones de CK Hutchison en Hong Kong cayeron entre 4% y 5% tras la anulación del contrato, evidenciando la preocupación por una pérdida significativa de activos en la región. Expertos en logística alertan sobre la necesidad de una transición transparente y eficiente en Panamá para evitar pérdidas de competitividad frente a otros puertos regionales.
Asimismo, persiste la incertidumbre respecto a la venta de las terminales, que formaban parte de una operación global valorada en aproximadamente 23,000 millones de dólares, en la que participan fondos de inversión como BlackRock y Global Infrastructure Partners. La anulación del contrato en Panamá genera dudas sobre si la venta, que incluía 43 puertos en 23 países, seguirá adelante, será reestructurada o se suspenderá, en medio de un contexto de creciente atención internacional a la seguridad y control de operaciones portuarias en zonas estratégicas.
