El gremio nacional 'Somos Uno', que representa a 6,400 estaciones de servicio en Colombia, anunció que condicionará la implementación de la reducción en el precio de la gasolina prevista por el Gobierno para evitar pérdidas económicas y posibles cierres de empresas. La medida, que entrará en vigor el 1 de febrero de 2026, reducirá aproximadamente 500 pesos por galón, atendiendo a una disminución de cerca de 600 pesos en el componente 'ingreso al productor'. La circular del Ministerio de Minas y Energía obliga a todas las estaciones, incluyendo cadenas grandes y pequeños negocios, a reflejar inmediatamente la rebaja en sus sistemas, emisiones y publicidad, prohibiendo cualquier esquema que oculte o fraccione el descuento.
La normativa, dirigida a ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, será vigilada mediante operativos permanentes, y en caso de incumplimiento, las estaciones podrán ser bloqueadas en el sistema Sicom, impidiendo la comercialización de combustibles, con sanciones que incluyen multas, suspensión o cancelación del permiso. La Superintendencia de Industria y Comercio también intervendrá ante posibles afectaciones a consumidores y, en casos graves, elevará las denuncias a las autoridades penales.
Ante estas disposiciones, 'Somos Uno', liderada por David Jiménez Mejía, solicitó que la implementación considere las condiciones de inventarios adquiridos a precios previos. La organización alertó que aplicar la reducción de inmediato sin tomar en cuenta los inventarios existentes puede generar pérdidas económicas severas, especialmente para las pequeñas y medianas estaciones. Entre las demandas, sugieron que se reconozca la modalidad de 'compra en firme' en las plantas mayoristas, que los ajustes consideren los tiempos de rotación del inventario, y que se garantice que ningún distribuidor venda a pérdida, protegiendo así la sustentabilidad del sector.
Jiménez Mejía enfatizó que ignorar estas consideraciones podría poner en riesgo el equilibrio financiero del gremio y ocasionar cierres masivos en diferentes regiones del país. La organización reafirmó su disposición a colaborar con las autoridades, participando en procesos de inspección y promoviendo una regulación transparente, con un enfoque en la sostenibilidad, protección de los consumidores y estabilidad del sector.
