España corre el riesgo de perder 1.100 millones de euros de los fondos europeos Next Generation en el primer trimestre de 2026 si el Gobierno no cumple con los requisitos establecidos por Bruselas antes del 21 de marzo. La Comisión Europea ha condicionado el desembolso completo de estos recursos, que forman parte de un total cercano a 25.000 millones, a la aprobación de dos reformas pendientes: la reforma fiscal del impuesto al diésel y una revisión profunda del modelo de Función Pública.
Desde julio de 2025, España ha recibido el quinto pago de los fondos, pero este se ha reducido debido a incumplimientos en medidas acordadas, como el incremento en la tributación al diésel y la modernización del empleo público. La UE exige que España ajuste la fiscalidad para equiparar los impuestos al diésel y a la gasolina, en línea con el Plan de Recuperación y Resiliencia. Aunque el Gobierno ha prometido en una adenda enviada a finales de 2025 incrementar en aproximadamente 1.600 millones de euros la recaudación en el primer semestre, solo ha logrado avances parciales debido a la oposición en el Congreso.
El veto de Podemos y otros partidos ha impedido aprobar el incremento del impuesto al diésel, una medida necesaria para acceder a la totalidad del quinto pago. La fecha límite para aprobarla es el 21 de marzo, pero ante la falta de apoyo parlamentario, el Ejecutivo ha señalado su intención de seguir adelante con la medida, incluso si implica solicitar prórrogas mensuales de los fondos. La UE ha informado que estos fondos retrasados podrían desbloquearse progresivamente si se registra progreso en las reformas.
Por otra parte, la segunda condición clave es la revisión de la legislación sobre empleo público, en particular la reducción de la alta temporalidad en la administración. Bruselas considera que las reformas actuales no abordan eficazmente el abuso en contratos temporales ni establecen las sanciones suficientes, por lo que mantiene retenidos fondos hasta que se adopten medidas efectivas.
En respuesta, el Ministerio de Función Pública propuso modificaciones para restringir los motivos de contratación temporal y establecer sanciones administrativas para las administraciones que incumplan los límites. No obstante, estas propuestas no incluyen un aumento en las indemnizaciones a los empleados temporales, aspecto que Bruselas y el Tribunal de Justicia de la UE consideran necesario para reducir la precariedad laboral.
El gobierno trabaja en cambios parciales que se incorporan en leyes existentes, en lugar de una reforma específica y completa sobre temporalidad. Diversas enmiendas presentadas por partidos como Junts, Podemos y Sumar buscan convertir en definitivos a los empleados públicos en abuso de temporalidad, mediante la aprobación de una ley que los considere "fijos a extinguir" si llevan más de tres años en esa condición, en cumplimiento de sentencias europeas.
El cumplimiento de estos compromisos es fundamental para desbloquear fondos del Plan de Recuperación. Desde su puesta en marcha, España ha recibido más de 55.000 millones en subvenciones y 16.270 millones en créditos, pero los desembolsos futuros dependen del cumplimiento riguroso de los compromisos, según el reglamento del Fondo de Recuperación y Resiliencia. El Gobierno continúa dialogando con Bruselas y adaptando su estrategia, tras aprobar en enero una revisión del plan que reduce las previsiones de crédito de 83.000 millones a 22.000 millones, para facilitar el cumplimiento y evitar nuevos bloqueos.
