La elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) se llevó a cabo en un ambiente de alta tensión, marcado por la intervención de agentes del Ministerio Público en los centros de votación. La actuación generó cuestionamientos sobre la legitimidad y transparencia del proceso, además de poner en riesgo la estabilidad del sistema judicial guatemalteco.
Durante la jornada, la fiscal Leonor Morales coordinó operativos que restringieron el acceso a recintos electorales como el Parque Erick Barrondo y el Club la Aurora en Ciudad de Guatemala. Según informó el CANG, los allanamientos llevaron al cierre de accesos y a la prohibición de ingreso para personas ajenas al evento, bajo argumentos de cumplir con la ley en respuesta a denuncias por posibles delitos durante el proceso.
Tras la contabilización de votos, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez fue elegida como Magistrada Titular de la Corte de Constitucionalidad con 8,920 votos, superando a Estuardo Gálvez. Por su parte, Luis Fernando Bermejo Quiñónez fue seleccionado como Magistrado Suplente con 8,527 votos, frente a Melvin Portillo. Estos resultados fueron comunicados por el CANG a sus afiliados tras finalizar el conteo.
La controversia generada por la intervención del Ministerio Público ha tenido repercusiones en los ámbitos político y jurídico. El presidente Bernardo Arévalo de León expresó en redes sociales que los intentos de interferir en el proceso electoral fracasaron, reafirmando la victoria de los abogados honestos, la justicia, la libertad y la esperanza.
La jornada causó inquietud entre sectores del sector privado y organizaciones civiles, que manifestaron su preocupación por el impacto en la certeza jurídica y el ejercicio democrático en Guatemala, según informó el CANG. Debido a estos hechos, la Corte de Constitucionalidad convocó de manera urgente a una sesión de Pleno Permanente para evaluar la situación provocada por la intervención del Ministerio Público durante la elección.
El proceso de selección fue realizado bajo una resolución reciente de la Sala Sexta, que limitó la participación a abogados con colegiado activo, excluyendo a profesionales de ciencias afines. Esta decisión judicial ha generado debates dentro del gremio, al modificar el padrón de votantes y alterar el proceso habitual.
Distintos sectores de la sociedad civil, actores políticos y diplomáticos respondingieron a las acciones del Ministerio Público. La Organización de los Estados Americanos (OEA) alertó sobre el riesgo que representan investigaciones o acciones judiciales en medio de procesos electorales, advirtiendo que pueden afectar la confianza en la transparencia y legitimidad de las elecciones. La OEA pidió a las autoridades guatemaltecas garantizar el respeto al derecho al voto y a una participación libre, destacando que la independencia judicial es clave para fortalecer la democracia regional.
Asimismo, el consejo superior universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala anunció una convocatoria para la elección de nuevos representantes ante la Corte de Constitucionalidad, en la que figura la actual fiscal general, Consuelo Porras.
