El mecanismo conocido como ‘tapón fiscal’, establecido por la Ley 27.799 de Inocencia Fiscal, ofrece protección legal a quienes adquieran el régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias en Argentina. Implementado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), este sistema genera una presunción de exactitud sobre las declaraciones juradas presentadas y pagadas, asegurando que no puedan ser revisadas o ajustadas en períodos ya declarados, salvo en casos de discrepancias significativas.
Quienes cumplen con los requisitos del régimen, que limita ingresos a 1,000 millones de pesos y patrimonio a 10,000 millones en los últimos tres ejercicios, adquieren el derecho a que sus declaraciones sean consideradas correctas y concluidas en ARCA. Esto significa que, una vez aceptadas y abonadas, las declaraciones quedan blindadas contra reversiones y auditorías, exceptuando discrepancias mayores a un 15%, uso de facturas apócrifas, o montos superiores a 100 millones de pesos en determinados delitos fiscales.
El sistema también abarca el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y casos en los que no se intermediaba previamente en la obligación tributaria, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos. La presentación y pago en tiempo y forma, ya sea mediante efectivo o plazos facilitados, activan automáticamente la protección legal, evitando que ARCA modifique los datos ya aceptados.
La adhesión se realiza a través del portal web de ARCA, en el servicio ‘Sistema Registral’, seleccionando la opción ‘Ganancias PH Simplificada’. Los contribuyentes reciben una constancia digital que acredita su participación, útil como referencia ante instituciones financieras y en procesos de seguridad fiscal.
Para mantener el blindaje, es imprescindible renovar anualmente la conformidad con los requisitos legales y no incurrir en falsificación de datos. El incumplimiento implica la exclusión del régimen y la pérdida de los beneficios, aunque mientras las obligaciones de presentación y pago se cumplan, ARCA solo podrá fiscalizar aspectos relacionados con facturación y gastos deducibles, sin afectar la variación patrimonial ni los consumos personales.
La declaración jurada simplificada se carga en un esquema preestablecido por ARCA, con la opción de revisar, ajustar o aceptar la información. Solo en casos de discrepancias de al menos el 15%, montos superiores a 100 millones de pesos en delitos fiscales o uso de comprobantes falsos, podrá ser impugnada. La carga de prueba recae en ARCA, que puede basarse en la declaración y en información de terceros, pero no en datos corregidos espontáneamente por el contribuyente antes de una notificación formal.
La falta de presentación o pago de la declaración suspende la protección y habilita la fiscalización completa. Si ARCA revoca una impugnación en sede administrativa o judicial, se restablece la presunción de exactitud y la protección sobre los períodos afectados. Cada año, los contribuyentes que cumplen con los requisitos y ratifican su adhesión protegen el nuevo ejercicio fiscal, mientras que los anteriores pasan a formar parte del conjunto de períodos blindados, salvo que exista alguna orden de intervención notificada.
