El Partido Nacionalista Vasco (PNV) anunció que respaldará la moratoria de desalojos en España tras pactar con el Gobierno ampliar la protección social a los propietarios que poseen una única vivienda en alquiler, eximiéndolos de la obligación de ofrecer alternativas habitacionales a personas en situación de vulnerabilidad. Ante la falta de acuerdo político, el Ejecutivo decidirá aprobar en dos decretos separados la revalorización de pensiones y la prórroga de la suspensión de desalojos, según informaron fuentes oficiales.
La medida de moratoria en los desahucios a colectivos vulnerables estaba inicialmente incluida en un decreto ómnibus, que fracasó el pasado miércoles en el Congreso. Dicho decreto también contemplaba incrementos en pensiones, prohibiciones de cortes de servicios básicos y ayudas sociales, además de incentivos para vehículos eléctricos, seguros agrícolas y descuentos en transporte, entre otros temas.
El rechazo del bloque de partidos opositores como PP, Vox y Junts per Catalunya impidió la aprobación del paquete completo, lo que llevó al Gobierno a buscar fórmulas alternativas para asegurar el apoyo, en medio de críticas tanto por parte de los partidos nacionalistas vascos como de otras fuerzas políticas. El líder de Junts, Aitor Esteban, solicitó que la revalorización de pensiones sea presentada por separado, criticando la mezcla de propuestas en un solo decreto.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reafirmó durante un acto en Teruel su compromiso de incrementar las pensiones, con o sin el respaldo del Partido Popular. “Hemos cumplido durante estos siete años y seguiremos haciéndolo”, afirmó, asegurando que el Consejo de Ministros presentará las medidas divididas en dos partes para facilitar su aprobación.
La aprobación de la subida de las pensiones, prevista para este martes, podría verse nuevamente afectada por la negativa de Junts a aceptar la segunda parte del decreto, lo que volvería a poner en riesgo los programas diseñados para proteger a colectivos vulnerables. Organizaciones del tercer sector advierten que la no aprobación de estas medidas implica la desaparición de instrumentos esenciales que han demostrado su eficacia en la protección del derecho a la vivienda, especialmente desde 2020, en un contexto de emergencia residencial.
