El Frente Renovador del partido Massa anunció que apoyará el proyecto de Ley que propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en el nuevo Régimen Penal Juvenil, decisión que genera divisiones dentro del peronismo en la Cámara de Diputados. La sesión para tratar esta iniciativa fue convocada para el próximo jueves, tras un acuerdo interno en la bancada del Frente Renovador que refuerza su alineación con el proyecto presentado por Javier Milei.
Durante una reunión en las oficinas de Avenida del Libertador 850, Sergio Massa explicó que, pese a los defectos del texto y a las ausencias en planes de reinserción social, la postura del bloque será de apoyo, fortaleciendo la línea que el mismo líder del Frente Renovador defendió en 2015 cuando impulsó cambios similares en el Código Penal.
A diferencia del oficialismo, que busca fortalecer la estructura legal del proyecto con dispositivos de aplicación y figuras específicas como fiscal, juez y defensor del adolescente, el sector del peronismo en Diputados contempla aún discusiones internas. La mayor parte del sector oficialista se prepara para reuniones esta semana con el fin de unificar criterios, ante posibles apoyos dispersos entre los nuevos diputados electos en diciembre.
Desde la bancada libertaria, dirigentes adelantaron que, respetando los acuerdos alcanzados el año pasado en torno a la edad de imputabilidad, se mantendrán en los 14 años, en mención a que el proyecto original de Milei proponía bajarla a 13. La coalición allies, que incluye al PRO, UCR, y Coalición Cívica, busca evitar que el peronismo movilice votos en su contra y pueda hacer caer la iniciativa.
El proyecto contempla que la edad mínima para imputabilidad sea de 14 años, con una pena máxima de 15 años para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La orientación es priorizar penas alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones, reparación del daño y monitoreo electrónico, reservando las penas privativas de libertad solo como último recurso. La propuesta también establece la creación de institutos especializados donde los menores condenados podrán acceder a educación, atención médica y tratamiento en adicciones, con personal capacitado en infancia y adolescencia.
En defensa de los derechos del joven infractor, el proyecto prohíbe la convivencia conjunta con mayores presos y promueve medidas integrales, incluyendo programas educativos, capacitación laboral, actividades deportivas y culturales, además de asistencia psicológica y médica. Estas acciones serán supervisadas por profesionales especializados y coordinadas por un juez con formación en psicología, trabajo social o adicciones.
Por otra parte, la legislación contempla intervención en problemas de salud mental, consumo problemático y entornos familiares violentos, con la posibilidad de internación bajo supervisión judicial para asegurar un seguimiento adecuado. La iniciativa busca responder a un contexto de debate en torno a la reinserción social y la protección de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley.
