El Gobierno de México anunció que no avanzará con el proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil presentado inicialmente, que proponía dejar en 13 años la edad de imputabilidad, y enviará uno nuevo que establece esta edad en 14 años. La decisión se tomó a un día de la posible dictaminación en la Cámara de Diputados, después de que el primer documento no considerara un acuerdo previo con la oposición en ambas cámaras legislativas. El nuevo proyecto será sometido a análisis en comisiones desde este martes, con la intención de obtener el dictamen y proceder a la sesión plenaria el jueves.
Según informaron fuentes del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, el cambio en la edad de imputabilidad responde a una desinteligencia en las negociaciones internas, pero no implica la retirada del proyecto, sino su reapertura con las modificaciones correspondientes. La hoja de ruta contempla la constitución de comisiones clave, como Familia, Niñez y Juventudes y Justicia, con una reunión prevista para miércoles a las 11:00 horas, además de incluir áreas de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda.
El nuevo texto mantiene la intención de reducir la impulsividad en la respuesta criminal ante adolescentes, estableciendo una edad de imputabilidad en 14 años, en línea con la posición de partidos opositores aliados al gobierno, como el PRO y la UCR, que defendieron esa edad como un consenso. La iniciativa incorpora penas diferenciadas respecto al régimen penal para adultos y establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, robos violentos, abusos sexuales y secuestro, en comparación con los 20 años previos.
El proyecto también establece medidas enfocadas en la resocialización, permitiendo a jueces dictar privaciones de libertad en casos de delitos graves, siempre priorizando la reinserción social. Para menores de hasta 15 años condenados por delitos severos, se contempla el cumplimiento en institutos especiales que garanticen acceso a educación, atención médica y tratamientos en caso de adicciones, bajo un personal especializado y con restricciones a la convivencia entre internos menores y adultos.
Asimismo, el texto refuerza los derechos de los imputados, incluyendo asistencia jurídica, apoyo psicológico, participación en mediaciones y reconocimiento durante el proceso judicial. La inversión presupuestaria destinada a la implementación del nuevo régimen será de más de 23.700 millones de pesos, destinados principalmente a las áreas de Justicia y la Defensoría General de la Nación, además de permitir acuerdos con las provincias para financiar la construcción de nuevas instalaciones.
La modificación refleja un consenso político que enfrentó debates internos, principalmente entre sectores del oficialismo y aliados de oposición, en torno a la edad de imputabilidad y las medidas de resocialización, en un contexto de creciente interés por reformar el sistema penal juvenil en México.
