El Gobierno de Argentina confirmó que presentará una denuncia formal por terrorismo contra quienes participaron en los hechos violentos ocurridos durante el debate de la reforma laboral en el Congreso, el pasado 13 de febrero. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que los incidentes no solo constituyen agresiones a las fuerzas policiales, sino acciones planificadas para desestabilizar el orden institucional y generar caos.
Monteoliva subrayó que los hechos superaron las manifestaciones habituales, al señalar que los involucrados portaban bidones de gasolina, bombas Molotov, bulones y palos convertidos en armas. La ministra afirmó que estos actos representan violencia extrema con fines desestabilizadores y que, en su diagnóstico, constituyen actos de terrorismo, por lo que la denuncia será presentada bajo la legislación argentina vigente, específicamente enmarcada en la Ley Antiterrorista (N° 26.734).
Según la ley, calificar un acto como terrorismo implica una investigación federal, detenciones sin derecho a fianza y penas más severas, atribuyendo una gravedad mayor a estos delitos en comparación con daños o atentados contra la autoridad. La ministra defendió además el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad, explicando que se priorizó dispersar a los agresores con agua y gases lacrimógenos para minimizar lesiones y evitar una escalada de violencia.
Sobre la no detención de los agresores en flagrancia, Monteoliva explicó que la complejidad del enfrentamiento y el riesgo para los efectivos dificultaron las capturas inmediatas, reiterando que el objetivo principal era garantizar la seguridad. La funcionaria también defendió el trabajo de las fuerzas en la manipulación de las vallas y la protección de los oficiales, asegurando que cada elemento pesaba aproximadamente 100 kilos y requería esfuerzos especializados para su colocación y aseguramiento.
En cuanto a la identificación de los responsables, la ministra informó que ya hay más de 17 personas reconocidas y detenidas, con un número mayor en proceso de identificación, gracias al análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad, tanto federales como municipales, y transmisiones mediáticas. Los perfiles de los implicados varían en edad y procedencia, principalmente de la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires, con algunos de Tucumán y Salta. Aunque no todos tienen antecedentes penales, algunos cuentan con historial delictivo extenso y presuntamente estarían ligados a barras bravas, agrupaciones de izquierda radical o anarquistas.
Monteoliva rechazó categóricamente las versiones que señalaban la presencia de policías infiltrados en los disturbios, calificándolas de "disparates" y asegurando la total transparencia y judicialización de las actuaciones oficiales. La ministra destacó que el saldo de la jornada fue de más de setenta detenidos y algunos heridos leves, incluyendo siete efectivos policiales que resultaron golpeados.
Por último, la ministra expresó su preocupación por la pronta liberación de los detenidos en muchos casos, y anunció que se revisarán los protocolos para futuras movilizaciones, incluyendo controles más rigurosos en mochilas, banderas y objetos personales. También celebró la aprobación en la Cámara de Diputados de la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad, considerándola un paso para hacer justicia a las víctimas y mejorar la seguridad pública en Argentina.
