A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, el instituto privado Formar Futuro, ubicado en el barrio de Villa Real en la Ciudad de Buenos Aires, cerró sus puertas de manera sorpresiva, dejando a más de 180 alumnos sin vacantes y a 50 docentes sin empleo. La situación provocó un fuerte malestar en la comunidad educativa y motivó la intervención del Ministerio de Educación porteño, que inició acciones legales y activó un protocolo para evitar que hechos similares se repitan.
El Ministerio de Educación de la Ciudad informó que, tras el cierre, se realizó una reubicación de los alumnos de 5° año y 7° grado en otras instituciones, respetando su grupo original, acompañado por atención personalizada para las familias y coordinación desde la Dirección de Educación de Gestión Privada. Mercedes Miguel, ministra de Educación, aclaró que la escuela contaba con 186 alumnos previstos para 2026, aportes estatales destinados al pago de salarios que fueron transferidos en tiempo y forma, y que el incumplimiento salarial del mes de diciembre corresponde a la responsabilidad de la gestión propietaria, no del Estado.
La funcionaria detalló que, ante esta problemática, la Ciudad inició un sumario administrativo, presentó una denuncia penal, y ordenó la clausura de la institución, en cumplimiento con la justicia. Además, se estableció una normativa que obliga a las escuelas privadas a anunciar con anticipación un posible cierre, planificar la reubicación de estudiantes y cumplir con todos los requisitos laborales y financieros antes de formalizar la desvinculación. La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad el 22 de enero, endurece los procedimientos para garantizar la protección de las comunidades educativas.
Durante la tarde del lunes, se evidenció en la puerta del colegio un cartel de clausurado, acompañado del retiro del escudo y las letras del ingreso, generando sospechas de posible maniobra ilícita. Padres y familiares denunciaron que los responsables del colegio habrían cobrado las matrículas del ciclo 2026 y los sueldos pendientes de diciembre y enero, sin cumplir con los salarios para el personal docente. El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) respaldó públicamente a las familias y confirmó que los salarios de diciembre no fueron abonados, pese a que el colegio recibía una transferencia estatal del 80% para cubrir esos pagos.
La opacidad del establecimiento agravó la crisis institucional, ya que tras el anuncio de cierre, se eliminó la cuenta de Instagram del colegio, aunque el sitio web oficial permaneció activo. Varios estudiantes manifestaron su intención de rendir exámenes en la vía pública ante la incertidumbre. La versión oficial difundida por los propietarios, el 26 de enero, atribuyó el cierre a una grave situación económica y financiera, incluyendo juicios laborales con sentencias inasumibles, presión fiscal, altos costos financieros, disminución de matrícula, requisitos edilicios, falta de crédito y conflictos sindicales.
Las familias relataron que, desde principios de enero, recibieron un correo de aviso del cierre inminente, justo antes del comienzo del ciclo lectivo de 2026, programado para el 25 de febrero en nivel inicial y primario, y el 2 de marzo en secundaria. Padres en redes sociales compartieron su angustia por la desesperación de reubicar a sus hijos y la pérdida de un año escolar. La denuncia del SADOP acusó a los directivos de defraudar a la comunidad educativa y al Estado, malversando fondos destinados a pagar los salarios docentes, lo que motivó acciones judiciales del Ministerio para esclarecer la situación y llevar a los responsables ante la justicia.
