Ejidatarios integrantes del Movimiento por la Defensa del Maíz Mexicano en el Estado de México presentaron una iniciativa de decreto que busca añadir el artículo 229 Bis al Código Penal estatal, con el objetivo de sancionar con hasta 30 años de prisión y medio millón de días multa a quienes siembren, distribuyan o comercialicen maíz genéticamente modificado en la entidad.
El documento, obtenido por El Sol de Toluca, está respaldado por campesinos, ejidatarios y defensores del maíz nativo, quienes buscan penalizar la contaminación genética del maíz original del país. Consideran que el maíz no solo es fundamental en la alimentación, sino que también formar parte del patrimonio biocultural y la identidad nacional mexicana.
La propuesta establece que quienes cultiven o siembren maíz transgénico en el Estado de México sin autorización enfrentarán de 10 a 15 años de cárcel y una multa equivalente a 10 mil días. Si esa siembra provoca enfermedades en las personas o contamina genéticamente el maíz nativo, las sanciones se duplicarían, alcanzando hasta 30 años de prisión y 500 mil días multa. La misma penalización aplicaría a quienes sin permiso introduzcan, comercialicen, distribuyan o posean semillas modificadas.
Además, la iniciativa denuncia supuestos intentos de ‘biopiratería’ por parte de corporaciones que registran patentes sobre variedades derivadas del maíz mexicano, y que utilizan semillas estériles para obligar a los agricultores a comprar nuevas semillas cada ciclo, poniendo en riesgo los derechos de los campesinos.
Se argumenta también que, pese al marco jurídico existente en México y en el Estado de México, hay un vacío legal al no contar con sanciones penales específicas contra la introducción de transgénicos en territorio mexiquense.
La propuesta advierte que el cultivo de maíz transgénico —creado por multinacionales como Monsanto, Syngenta, Pioneer, Cargill y Dupont— amenaza la biodiversidad, la salud pública y la soberanía alimentaria. Se señala que sustancias utilizadas en su producción, como el glifosato, han sido prohibidas en países de la Unión Europea por sus efectos cancerígenos.
Además del valor cultural, el maíz nativo es crucial para la salud, ya que aporta aproximadamente el 38% de las proteínas y el 50% del calcio en la dieta del mexicano promedio. Por ello, los promoventes consideran que proteger el maíz es también defender el derecho humano a la salud y a una alimentación adecuada.
Citan que la Constitución Mexicana ya prohíbe la siembra de maíz transgénico, tras la reforma aprobada en 2025 en los artículos 4 y 27. No obstante, señalan que faltan sanciones penales específicas, dejando abierta la posibilidad de incumplimientos sin castigo.
‘La protección jurídica del maíz nativo sigue siendo insuficiente frente a los intereses de empresas que buscan privatizar la naturaleza’, afirman. Por ello, llaman a los diputados mexiquenses a aprobar esta reforma penal, considerándola un acto de justicia histórica y defensa del legado genético y cultural del pueblo mexicano.
Destacan que México, como centro de origen y domesticación del maíz, tiene la responsabilidad de conservar sus 59 razas puras y numerosas variedades nativas, fruto de milenios de trabajo de los pueblos originarios.
‘El maíz no existe en estado silvestre; no puede sobrevivir sin el hombre. Es un producto de nuestra historia, conocimiento y cultura. No podemos permitir que se privatice la semilla ni se destruya su identidad genética’, concluyen la iniciativa.
Hasta ahora, la propuesta ha sido entregada al diputado Gerardo Pliego Santana y será revisada en conjunto para su futura presentación ante el Pleno del Congreso Local, con posible análisis en el próximo periodo ordinario que inicia en septiembre.
