Ecuador ha comenzado gestiones para modernizar su tratado de extradición con Argentina, cuyo acuerdo vigente data de 1933, con el objetivo de facilitar la colaboración en la lucha contra la delincuencia transnacional. La embajadora ecuatoriana en Buenos Aires, Diana Salazar Méndez, informó que ya hubo un primer acercamiento con las autoridades argentinas y con las instituciones ecuatorianas para suscribir un nuevo convenio en materia de extradiciones. La iniciativa forma parte de la agenda bilateral de cooperación en seguridad y combate a actividades criminales organizadas, donde la diplomática destacó la importancia del intercambio de información y herramientas legales compartidas para enfrentar redes criminales internacionales. Salazar subrayó que los casos de extradición en trámite dependen exclusivamente de la justicia argentina y que actualmente existen cinco procesos en resolución, dos de los cuales han sido apelados ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, esperando decisiones que permitan avanzar. La diplomática precisó que las solicitudes de extradición están bajo la responsabilidad del Poder Judicial argentino y que la cooperación política y técnica facilita la coordinación, pero la decisión final recae en el sistema judicial. La actualización del tratado, que busca alinearse con las necesidades actuales, también reforzará la lucha regional contra la delincuencia organizada, una problemática que afecta a ambos países. Este anuncio se da en un contexto de fortalecimiento de las relaciones bilaterales tras la visita del presidente Daniel Nobo a Argentina en 2025, con avances en cooperación en seguridad, comercio, inversiones y trabajo consular. La misión diplomática ecuatoriana en Argentina, que residen cerca de 30,000 ciudadanos, también trabaja en visibilizar su contribución en diversos ámbitos. Para 2026, la embajadora proyecta nuevas metas en ciberseguridad, ciberdefensa, reducción del déficit comercial y promoción del turismo, consolidando una agenda integral que combina economía y seguridad. La actualización del marco jurídico en extradiciones se considera clave para adecuar los procedimientos a las exigencias de una cooperación moderna y eficiente en la región.
