El expresidente Donald Trump ha puesto en marcha una serie de medidas económicas en Estados Unidos con la intención de impulsar la economía y mejorar la percepción pública en medio de un contexto político complejo. Entre las acciones destacadas, se encuentran la entrega de cheques de reembolso de gran tamaño a los contribuyentes, que en 2026 podrían alcanzar los 3,800 dólares en promedio, y la eliminación de impuestos sobre propinas y horas extra, buscando que los estadounidenses se sientan más ricos tras la temporada fiscal de abril.
Además, la administración Trump ha decidido disminuir las capacidades del Servicio de Impuestos Internos (IRS), revirtiendo incrementos en su plantilla para facilitar que los contribuyentes adinerados puedan evadir impuestos. Expertos del MIT estiman que cada dólar invertido en fortalecer las auditorías para los ricos podría generar hasta 12 dólares en ingresos fiscales adicionales, pero estas mejoras no se han materializado debido a recortes y desinversiones.
La reducción en la capacidad del IRS, agravada por despidos y retrasos en el procesamiento de declaraciones, podría ocasionar una pérdida estimada de 10 mil millones de dólares en ingresos en 2026, afectando la recaudación fiscal y favoreciendo a quienes evaden impuestos con mayor facilidad, como el 5% de la población más rica, responsable de aproximadamente la mitad de los impagos.
En paralelo, el gobierno de Trump ha relajado regulaciones tributarias para las empresas, recortando gravámenes sobre recompras de acciones y permitiendo el uso de estructuras societarias complejas para reducir la carga impositiva, lo cual, en conjunto, podría significar millones de dólares en menores ingresos fiscales en la próxima década. Estos cambios apuntalan un aumento en el déficit público y en el gasto neto, que podría estimular la economía a corto plazo, aunque con riesgos de inflación y desequilibrios si la política monetaria se flexibiliza impulsada por favoritos del expresidente.
Un factor adicional que podría potenciar estas medidas es la próxima decisión de la Corte Suprema de EE.UU., la cual será crucial para determinar la legalidad de los aranceles 'recíprocos' impuestos por Trump en uso de poderes de emergencia. En caso de que la justicia falle en contra del expresidente, los fondos recaudados mediante estos aranceles —que superan los 100 mil millones de dólares— tendrían que ser reembolsados a las empresas, limitando su impacto inmediato en el gasto y la economía en general.
