La seguridad en las carreteras de Colombia continúa siendo una problemática grave, especialmente en zonas con presencia de grupos armados. Recientemente, se reportó una serie de amenazas dirigidas a los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Nariño, en medio de acciones de disidentes del Estado Mayor Central liderados por ‘Iván Mordisco’.
Según informó Infobae Colombia, las intimidaciones comenzaron luego de que estos grupos exigieron a los escoltas cumplir con regulaciones impuestas en municipios como Ricaurte, Altaquer y Junín. Las disidencias han reclamado que no se circule por ciertas zonas, que no se informen sus movimientos y que no se ingresen a áreas en horarios específicos.
La situación se complica por la obligación de los escoltas de resguardar a líderes sociales y ciudadanos beneficiarios de los esquemas de protección, quienes han ignorado las demandas de las disidencias. Como respuesta, el Estado Mayor Central distribuyó panfletos en los que identifican placas de vehículos de la UNP que presuntamente están incumpliendo las órdenes, y advierten sobre posibles consecuencias frente a quienes colaboren con la Segunda Marquetalia, grupo al mando de ‘Iván Márquez’.
El comunicado, dirigido a líderes sociales, indígenas y comunidades campesinas de Ricaurte y municipios vecinos, indica que quienes no acaten sus órdenes o tengan contacto con miembros de la estructura armada enfrentarán acciones violentas y serán considerados objetivos militares. Además, se ofrecen recompensas de entre cinco y ocho millones de pesos por la información y captura de escoltas o líderes sociales, incluyendo armas de dotación.
El documento advierte que tendrán que dejar de colaborar con la Segunda Marquetalia o enfrentarse a consecuencias mortales, señalando que los responsables de recientes asesinatos en la región están relacionados con estas disidencias.
Reportes de fuentes locales indican que en las áreas afectadas no hay presencia de fuerzas policiales o militares, calificándolas como zonas desoladas. Hasta ahora, el gobierno nacional no ha emitido una postura oficial respecto a los panfletos difundidos desde el 28 de enero en el sur del país, en los que se amenazaba a los integrantes de estos esquemas de protección.
