La jueza de garantías del Sistema Penal Acusatorio en Chiriquí, Irina Gutiérrez, dictó la apertura a juicio oral para el dirigente indígena Toribio García, acusado de delitos contra la seguridad interna del Estado, en una audiencia realizada el 13 de febrero de 2026. El proceso está programado para los días 11 y 12 de febrero de 2027 en la sala 12 del Órgano Judicial en David, específicamente en la provincia de Chiriquí.
García, de 42 años, enfrenta cargos por presunta incitación a la violencia, lesiones personales, apología del delito y actuaciones que afectaron a miembros de la Policía Nacional y el Estado panameño, en relación con hechos ocurridos el 16 de junio de 2025 en Boca del Monte, San Lorenzo. La investigación señala que el dirigente pudo haber incitado a la población a cometer disturbios a través de redes sociales y de que durante los altercados, arrojó objetos y artefactos pirotécnicos contra policías.
Su captura se llevó a cabo en junio de 2025, tras una denuncia anónima que alertó sobre su ubicación en su vivienda, ubicada en Tolé. En ese momento, las autoridades indicaron que García tenía una orden de arresto por delitos relacionados con la alteración del orden público y la incitación a conductas ilegales.
Actualmente, García mantiene medidas cautelares, que incluyen reportes periódicos, prohibiciones de salir de la provincia y restricciones para asistir a ciertos eventos y usar redes sociales.
La acusación formal admitió 29 pruebas, incluyendo testimonios, documentos y peritajes, que serán presentados durante el juicio, enmarcado en las reglas del Sistema Penal Acusatorio, en el que la Fiscalía tiene la carga de la prueba. La fiscal a cargo del caso es Sadia Lou, y su defensa la representa el abogado José Félix González Cáceres.
El proceso judicial busca determinar si existen elementos suficientes para condenar a García, quien fue uno de los principales actores en protestas en Bocas del Toro que afectaron la actividad bananera y la producción agrícola del país, provocando el retiro temporal de la empresa Chiquita y posteriores negociaciones con el Estado.
Este proceso judicial refleja las acciones del sistema judicial panameño para sancionar conductas que afectan la estabilidad y seguridad del Estado, y continúa en marcha en espera de la resolución final tras la fase de juicio programada para el próximo año.
