La directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Natalia Molina, reiteró que el aumento del gasto público en sectores como salud, educación y salarios no implica despilfarro y es esencial para cumplir los compromisos sociales del Gobierno de Gustavo Petro. La funcionaria señaló que aproximadamente el 90% del gasto gubernamental está destinado a obligaciones legales y sociales, dificultando recortes en esas áreas.
Molina manifestó que el déficit fiscal estimado en 110 billones de pesos solo puede reducirse mediante una reforma tributaria progresiva, en la que los sectores más ricos aporten proporcionalmente más impuestos, y cuestionó la posibilidad de reducir recursos destinados a programas sociales, especialmente a las clases populares y a los beneficios que han logrado en los últimos años.
Durante una entrevista en Blu Radio, Molina defendió también la recomposición del gasto en nómina estatal, que prioriza funcionamiento y honorarios de personal esencial como médicos y soldados, en lugar de invertir en nuevos proyectos. Destacó la continuidad del respaldo a iniciativas como la gratuidad en educación superior para estratos bajos y el fortalecimiento del sistema hospitalario, incluyendo una partida de 167,000 millones de pesos para el Hospital San Juan de Dios.
En relación a las políticas de estímulo económico, Molina comparó el gasto social con la compra de un activo en el hogar, justificando los incrementos en mentalidad de inversión a largo plazo para potenciar productividad y crecimiento. También criticó la reciente subida de tasas de interés por parte del Banco de la República del 9.25% al 10.25%, que, según dijo, obstaculizaría la reactivación económica.
La funcionaria calificó como "gravísima" la suspensión del decreto de emergencia económica, ya que bloquea recursos pactados con el Congreso para abordar el déficit de 16 billones de pesos y cumplir metas sociales y de salud.
La entrevista se vio marcada por cuestionamientos a la transparencia del endeudamiento del país, especialmente tras indicios de falta de claridad en los números, y las advertencias del presidente Gustavo Petro sobre el aumento del costo de la deuda en caso de que se suspenda la recaudación de nuevos impuestos por parte del próximo gobierno.
Molina afirmó que la política fiscal expansiva responde a la voluntad popular, basada en programas de educación gratuita, formalización laboral y aumento salarial, que requieren financiamiento definido con claridad. A pesar de las dificultades económicas y del déficit fiscal que persiste, subrayó que el nuevo presupuesto priorizará áreas estratégicas, incluyendo una inversión de 1,66 billones de pesos en el Hospital San Juan de Dios, en coordinación con la Alcaldía de Bogotá.
La Corte Suprema sostiene la suspensión del decreto de emergencia en función de garantizar criterios estrictos de necesidad y proporcionalidad en el uso de medidas excepcionales, en especial cuando implican nuevas fuentes de recaudación tributaria, afirmó la fuente original.
