La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados emitió un pronunciamiento respecto al caso de una mujer vinculada a proceso en Coahuila por presunta violencia familiar en la modalidad de violencia vicaria. Este hecho, que marca un precedente en la entidad, ha generado debate legislativo, jurídico y social sobre la correcta aplicación de esta figura legal. La declaración fue liderada por la diputada Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de la comisión, y leída en tribuna por legisladoras de diversos partidos políticos, incluyendo Morena, PAN, PVEM, Movimiento Ciudadano y PT. Durante la intervención, la diputada Claudia García Hernández expresó que el caso ha despertado preocupación, dado que la violencia vicaria fue concebida como un mecanismo de protección para las víctimas de violencia de género. Las legisladoras coincidieron en que su uso debe respetar la intención original de la figura jurídica y enfocarse en la protección de mujeres, niñas y niños. Alma Manuela Higuera Esquer explicó que la violencia vicaria consiste en el uso de hijos menores para dañar emocional, psicológico o patrimonialmente a la madre, con el fin de someterla o controlar su situación. La discusión surge tras conocerse que Estela “N” fue vinculada a proceso en Coahuila, en la primera sentencia de este tipo en el estado. La juez dictó la medida tras una audiencia de seis horas, considerando suficientes las pruebas presentadas por denuncias de obstrucción parental por parte de Johnny Robles. La resolución incluye un plazo de dos meses para que el Ministerio Público recopile más evidencias y medidas cautelares como la presentación periódica ante el juez y la prohibición de contacto con el denunciante. Johnny Robles declaró que el proceso busca proteger el bienestar emocional de sus hijos, mientras que la defensa de Estela “N” anunció que impugnará la decisión judicial, argumentando que mantiene la guarda y custodia de los menores, decisión previa de un juez familiar que no puede ser modificada por un juez penal. El caso ha movilizado a colectivos y organizaciones civiles con posturas divididas: algunos apoyan al denunciante, otros a la imputada, cuestionando las medidas cautelares y el impacto mediático del proceso. La violencia vicaria, reconocida legalmente como una modalidad de violencia de género, utiliza a menores como medio para dañar a la madre, y su correcta interpretación es clave para evitar retrocesos en la protección de los derechos de las mujeres y garantizar el interés superior de niños y adolescentes en las resoluciones judiciales.
