Un intento de citar a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en la Asamblea Nacional de Panamá para responder sobre denuncias de irregularidades, maltrato y presunto abuso en albergues bajo la gestión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNIAF), fue frustrado el miércoles. La iniciativa, respaldada inicialmente por 19 votos de diputados independientes, fue declarada inválida al faltar el quórum necesario, luego de que legisladores de partidos tradicionales abandonaron la sesión antes de la votación.
La propuesta fue impulsada principalmente por la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia, quien además presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público tras visitar el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, donde se detectaron posibles irregularidades. La citación buscaba que la ministra aclarara datos sobre el sistema de albergues en el país, incluyendo el número de centros, menores residentes, condiciones de infraestructura, y protección a menores con discapacidad.
La denuncia y la visita a Tocumen revelaron deterioro en las instalaciones, falta de personal adecuado, convivencia inapropiada de adultos con menores y otros incumplimientos de los estándares mínimos de protección infantil. Brenes y otros legisladores independientes argumentaron que la ministra, como máxima autoridad del Mides y del SENNIAF, debe comparecer ante el pleno para rendir cuentas. Sin embargo, la retirada de los diputados de los partidos tradicionales impidió que la moción prosperara.
Desde el punto de vista del control, los legisladores pedían información sobre las condiciones físicas y técnicas de los albergues, casos de convivencia inapropiada, permanencia de grupos no adecuados a la edad y el cumplimiento de normativas. La diputada Brenes presentó también evidencias, incluyendo correos, informes y fotografías que muestran riesgos para los menores bajo custodia estatal.
La Fiscalía de Panamá inició una investigación formal tras la denuncia y la visita, realizando diligencias para determinar posibles delitos como maltrato, abuso sexual y negligencia por parte de los funcionarios responsables del CAI de Tocumen. La Junta Directiva del SENNIAF, encabezada por Beatriz Carles, anunció medidas inmediatas, incluyendo una inspección técnica del centro, traslado de residentes adultos con discapacidad y una evaluación institucional para mejorar la supervisión.
El caso generó preocupación en organismos internacionales. UNICEF expresó su inquietud, subrayando que las residencias no siempre son el entorno ideal para los niños y promoviendo modelos alternativos, como la atención en familias acogentes, que favorecen mejor su desarrollo.
El episodio también avivó el debate sobre el presupuesto del SENNIAF. La directora, Ana Fábrega, afirmó que la falta de recursos limita sus capacidades, mientras que el ministro de Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que los fondos están disponibles, aunque criticó la eficiencia en su uso. Para 2026, el presupuesto de la institución será de aproximadamente 7.6 millones de dólares, con una fracción destinada a inversiones, lo que genera dudas sobre su capacidad para atender adecuadamente las necesidades de los albergues infantiles.
