La Corte Constitucional suspendió de manera provisional el decreto de emergencia económica, generando un enfrentamiento entre el Gobierno nacional y los gobiernos regionales, entre ellos el del Valle del Cauca. La gobernadora Dilian Francisca Toro solicitó ser parte de la intervención del alto tribunal para defender la continuidad de las rentas departamentales provenientes de la venta de licor y cigarrillos, recursos que, según la Constitución, están destinados a financiar programas en salud, educación y deporte.
Toro explicó que estos recursos son cruciales para la operación de programas sociales en la región y argumentó que la protección constitucional de estas rentas respalda la participación de los gobernadores en las decisiones futuras sobre la norma.
Su postura contrasta con las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó en su cuenta de X que la suspensión buscaba evitar que los «mega ricos» asumieran impuestos derivados del consumo de licores y cigarrillos. La gobernadora sostuvo que, en realidad, el consumo de aguardiente en la región lo realizan principalmente las clases sociales más pobres, quienes contribuyen de manera significativa a los ingresos del sector.
La suspensión del decreto también implica la interrupción de varios impuestos y contribuciones, como el IVA del 19% sobre licores y tabaco, el 2.5% sobre utilidades de empresas generadoras de energía, y el impuesto progresivo al patrimonio, que había sido aumentados durante la emergencia económica. Así mismo, quedan sin efecto el incremento del impuesto de renta para instituciones financieras y la reducción del umbral para importaciones menores a 50 dólares.
Sectores como el de hidrocarburos también se ven afectados, ya que desaparece el impuesto del 1% sobre la extracción de petróleo y carbón, lo que podría perjudicar la inversión en el sector. Por otro lado, el Ejecutivo señalaba que estos decretos buscaban recaudar aproximadamente 12 billones de pesos, aunque aún era necesario completar los recursos para el Presupuesto 2026, que requería 16 billones.
Expertos en economía consultados por La República Màs indicaron que la devolución de impuestos y recursos ya recaudados será compleja y que la suspensión provisional evita impactos económicos severos en la situación actual, mientras la Corte decide el fondo del asunto.
La decisión también afecta medidas relacionadas con el comercio exterior y el sector energético, cuyo impacto deberá ser evaluado en los próximos días, en un contexto de tensión entre las necesidades fiscales del Estado y la protección de los recursos regionales.
