La Fiscalía Federal de Salta detuvo formalmente a M. L., el ex novio de A. Y., la joven japonesa de 23 años que denunció haber sido víctima de secuestro, abuso sexual, amenazas y lesiones en esa provincia. La medida se tomó tras la investigación en curso, que incluye delitos de violencia de género y presunta trata de personas, y tras un primer arresto en el lugar de los hechos.
A. Y. fue trasladada a un lugar seguro en Salta, bajo protección institucional y con acompañamiento integral, incluyendo asistencia psicológica, social y legal, además de una traductora para superar la barrera idiomática. La joven permanece en un domicilio reservado y no puede regresar a Japón por restricciones migratorias y falta de recursos económicos.
Según la denuncia, la relación entre la víctima y M. L. comenzó en Japón en septiembre de 2024. Después de cinco meses, A. Y. afirmó que el acusado, con quien planeó trasladarse a Argentina para un parto gratuito, se volvió violento y controladora en Salta. La denuncia detalla agresiones físicas, incluyendo golpes, jalones de pelo y abusos sexuales durante el embarazo, tras rechazar mantener relaciones.
La víctima también sufrió lesiones recientes, incluyendo daño en el dedo medio de la mano derecha, y acusó al agresor de negarse a atenderla médicamente. Además del maltrato físico, M. L. habría controlado las finanzas de A. Y., gastando sus ahorros y usando su tarjeta de crédito, lo que llevó a la víctima a pedir ayuda económica a sus padres en Japón.
Durante meses, A. Y. estuvo en aislamiento, sin acceso a documentos ni libertad para solicitar ayuda, debido a que su pasaporte fue confiscado y su comunicación restringida. La joven fue rescatada en un operativo policial, encontrándola en una habitación junto al bebé, con evidentes golpes en el rostro.
Frente a su situación, se gestionaron intervenciones del Registro Civil y la Oficina de Migrantes y Refugiadas para regularizar la situación del niño y la mujer. También recibieron apoyo del Ministerio de Desarrollo Social, del Consulado de Japón en Argentina y de entidades que brindaron leche y pañales.
La investigación continúa en proceso, y el acusado, de 23 años, permanece detenido y a disposición de las autoridades. La causa abarca delitos de violencia de género, abusos sexuales, delitos económicos y presunta trata de personas, ante la gravedad del caso y la vulnerabilidad de la víctima.
