Una mujer de 29 años, identificada como Berta Eliza Peña Sánchez, fue remitida a prisión preventiva este domingo en la localidad de Los Andes, Chile, por su presunta participación en una estafa a ocho familias afectadas por los incendios en la región del Biobío. La mujer, detenida en Los Andes, a aproximadamente 550 kilómetros del lugar de la tragedia en Penco, se presentaba como jefa de un supuesto comité habitacional del gobierno y solicitaba altas sumas de dinero a las víctimas para acelerar la reconstrucción de sus viviendas dañadas.
Según informó el fiscal jefe de Flagrancia de la Fiscalía de la Región del Biobío, Gonzalo Guerrero, la investigación surgió tras las denuncias de las víctimas, quienes denunciaron que se les ofrecía participar en un comité de vivienda y gestionar la reparación de sus propiedades siniestradas. Aprovechándose de su situación vulnerable, la mujer exigía depósitos electrónicos que oscilaban entre 480.000 y 385.000 pesos chilenos.
Los fondos eran transferidos a una cuenta vinculada a un hombre identificado por las iniciales S.L.G., con quien la Fiscalía presume formó parte del esquema de estafa. Entre ambos, lograron reunir cerca de 2 millones de pesos chilenos (más de 2,300 dólares estadounidenses). La Fiscalía ha confirmado que Peña Sánchez, quien cuenta con antecedentes por delitos similares, quedó en prisión preventiva en la cárcel de Los Andes, acusada de estafa reiterada. En tanto, el hombre detenido, quien afirmó ser solo intermediario, quedó bajo arresto domiciliario.
El subprefecto Vanni Rajdl, responsable de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de Concepción, explicó que durante su declaración, el hombre afirmó que su participación consistió en el traspaso de fondos, aunque la investigación señala su conexión con la supuesta estafadora principal.
Dado que no se descarta la existencia de más víctimas, el tribunal ordenó la congelación y el incautamiento de los fondos depositados en las cuentas bancarias a nombre de Peña Sánchez para continuar con las investigaciones. Por su parte, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) advirtió sobre este tipo de fraudes y recordó que ningún funcionario está autorizado para solicitar o recibir dinero en estos trámites, los cuales son completamente gratuitos. El ministro Carlos Montes llamó a la población a informarse solo a través de canales oficiales para evitar ser víctima de este tipo de delitos.
