Vecinos de San Pablo de las Salinas, en Tultitlán, Estado de México, denunciaron actos de crueldad contra animales en el Centro Antirrábico local, señalando específicamente a un trabajador identificado como Jesús ‘N’. La situación, ocurrida en marzo de 2026, ha generado indignación y peticiones de intervención por parte de las autoridades estatales. De acuerdo con testimonios de residentes, perros comunitarios fueron retirados bajo la promesa de esterilización y, posteriormente, fueron hallados sin vida y sin informes veterinarios que justifiquen sus muertes. Los denunciantes aseguran que estos hechos no son aislados y se han repetido en varias áreas de la comunidad. Además, vecinos reportan amenazas directas de exterminio de animales y la presencia de personas no autorizadas, presuntamente armadas con palos y tubos, durante operativos del centro, creando un ambiente de intimidación para familias y rescatistas independientes. Datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México revelan que en 2024 se iniciaron más de 5 mil investigaciones por delitos contra animales en la entidad, aunque organizaciones civiles advierten que solo 1 de cada 10 casos se denuncia formalmente, señalando un alto nivel de impunidad. El Código Penal mexiquense contempla penas de 6 meses a 4 años de prisión y multas económicas por causar daño o muerte animal con crueldad. Vecinos y colectivos animalistas acusaron la falta de supervisión y controles municipales en los centros antirrábicos, denunciando que estas operaciones se llevan a cabo sin mecanismos transparentes ni rendición de cuentas. En respuesta a los señalamientos, exigen la intervención del Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, incluyendo auditorías, suspensión del personal implicado y una investigación penal que esclarezca las responsabilidades y penalice los actos de crueldad y posible delito.
