La Defensoría del Pueblo instó a la Corte Constitucional a declarar la inconstitucionalidad de la emergencia económica decretada por el Gobierno de Gustavo Petro en diciembre de 2025, aunque solicitó que se mantengan los recursos destinados al sector salud, especialmente la unidad de pago por capitación (UPC). En un documento de 26 páginas, la titular de la entidad, Iris Marín, expresó sus observaciones al magistrado Carlos Camargo Assis, señalando que la emergencia resulta 'inexequible' pero resaltando la importancia de preservar fondos para la atención sanitaria de las poblaciones más vulnerables.
Según la Defensoría, la UPC, que representa las transferencias del Estado a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) por cada afiliado, recibió $88.4 billones en 2025 y prevé un gasto de $101 billones para 2026. Sin embargo, la siniestralidad en las EPS alcanzó el 109.5%, lo que genera un déficit estimado en casi $6 billones, a pesar del ajuste proyectado para 2026 y los recursos adicionales.
Marín advirtió que el ajuste a la UPC no resuelve los déficits estructurales del sistema de salud, cuya problemática es de larga data. La Defensoría argumentó que la declaratoria de emergencia fue en respuesta a decisiones judiciales relacionadas con los pagos a las EPS, una problemática que calificó como 'histórica y estructural' y que requiere soluciones institucionales permanentes.
Entre las peticiones principales, la entidad solicitó que la Corte declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que las medidas de emergencia puedan mantenerse solo durante el tiempo necesario para atender la crisis sanitaria. También pidió preservar las medidas tributarias del Decreto 1474, que incluyó nuevos impuestos y ajustes en tarifas, y que se dé al Gobierno un plazo razonable para tramitar una ley que armonice el Presupuesto General de la Nación con las necesidades del sistema de salud.
Asimismo, la Defensoría solicitó fortalecer la vigilancia en la destinación de los recursos y mantener la atención en la salud como un derecho fundamental, tema que ya ha sido reconocido por la jurisprudencia en la Sentencia T-760 de 2008. La entidad insistió en que existe una 'amenaza financiera' para el sistema sanitario colombiano y que la totalidad del Decreto 1390 debería ser declarado nulo.
Respecto a la respuesta del Gobierno, el 29 de enero la Sala Plena de la Corte suspendió la emergencia económica con la mayoría de los magistrados a favor, rompiendo con una jurisprudencia de 1994 que permitía estas medidas en estados de excepción. La Presidencia de la República presentó una solicitud de nulidad, argumentando que la suspensión provisional del decreto carece de sustento legal y que contraviene la coherencia del orden constitucional, según informó la Casa de Nariño.
