La Defensoría del Pueblo solicitó al Gobierno Nacional revisar y levantar los beneficios jurídicos otorgados a los principales líderes de las disidencias de las Farc, especialmente los comandantes del frente 33 bajo el mando de alias Calarcá, debido a que las conversaciones de paz no han reducido la violencia ni mejorado la protección a las comunidades afectadas. La defensora Iris Marín explicó a Caracol Radio que, pese a los avances en diálogos con algunos grupos armados, regiones como el Catatumbo siguen enfrentando altos riesgos humanitarios, con enfrentamientos, control territorial de las disidencias y prácticas como extorsión y reclutamiento forzado persistentes.
Marín enfatizó que, aunque la política de paz busca la desescalada, la realidad en el terreno muestra lo contrario, y la Defensoría se ve en la obligación de alertar sobre graves vulneraciones a los derechos humanos. La solicitud fue dirigida al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y al alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, concentrándose en los comandantes alias Mechas, Richard y Andrey Avendaño, que continúan operando pese a las conversaciones.
Sánchez confirmó que se evalúa la conveniencia de mantener suspendidas las órdenes de captura contra alias Calarcá, en medio del incremento en delitos atribuidos a su estructura. El ministro afirmó que existe una correlación entre el aumento de los crímenes y la revisión de los beneficios jurídicos, y que cualquier decisión se tomará en coordinación con las instituciones y respetando la legislación.
La Defensoría también expresó preocupación por el reclutamiento forzado de menores en Guaviare, así como por casos de extorsión y ataques a la fuerza pública. Datos del Ministerio de Defensa reportan que el 4% de los atentados lograron evadir la protección estatal y causaron víctimas fatales, con cerca de 2,000 muertos en lo que va de la administración, incluyendo 356 miembros de la fuerza pública.
A nivel internacional, Estados Unidos mantiene vigente una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permita identificar a responsables del derribo de un helicóptero Black Hawk en Amalfi, Antioquia, en el que murieron trece policías, siendo atribuido a alias Calarcá. Paralelamente, la Policía del Meta desarticuló una banda dedicada al robo de camionetas de alta gama utilizadas para movilizar a cabecillas disidentes, con once capturados y quince vehículos recuperados en Meta y Cundinamarca.
Alias Calarcá ha negado las acusaciones en su contra, calificándolas de montajes, pero la Defensoría mantiene su prioridad en la protección de la población civil y la lucha contra las estructuras criminales relacionadas con las disidencias de las Farc.
