La Defensoría del Pueblo emitió una alerta debido a los riesgos que enfrentan más de 100,000 personas privadas de la libertad en Colombia, ante la decisión de que la Nueva EPS sea el único operador del servicio de salud en el sistema penitenciario. La institución expresó su preocupación por el impacto potencial en el derecho fundamental a la salud, que depende de la protección estatal. La decisión fue tomada por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud de las Personas Privadas de la Libertad, que designó a la Nueva EPS como único proveedor. La Defensoría destacó que la EPS enfrenta dificultades financieras, administrativas y operativas, las cuales han sido señaladas por la Procuraduría General de la Nación tras dos años de intervención estatal. Además, recordó que en 2025 se registraron múltiples acciones de tutela contra la EPS, incrementando la incertidumbre sobre su capacidad para atender a la población carcelaria. La corte constitucional ha declarado el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario en cuatro ocasiones, debido a fallas estructurales en la garantía del derecho a la salud, como se evidencia en el auto 607 de 2024, que evidenció barreras en el acceso a servicios médicos para los internos. La Defensoría solicitó asegurar, mediante estudios técnicos, la continuidad en la atención, suministro de medicamentos y oportunidad en los servicios durante la transición a la nueva EPS, para evitar retrocesos en derechos constitucionales establecidos en la Ley Estatutaria 1751 de 2015. La institución también pidió ser parte del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud, lo cual aún no ha sido concedido, para contribuir en la protección de la población privada de la libertad. Además, instó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a garantizar la prestación inmediata y continua de servicios de salud durante la transición, y solicitó a las entidades involucradas presentar y divulgar los estudios técnicos y el plan de transición, que debe contemplar cronogramas, responsables, mecanismos de seguimiento, y un enfoque diferencial en derechos humanos para grupos vulnerables como mujeres gestantes, personas mayores, población LGBTIQ+, personas con discapacidad, enfermedades crónicas, de alto costo y trastornos mentales. La Defensoría también exigió fortalecer la supervisión mediante indicadores públicos verificables y habilitar canales transparentes de información para internos, familiares y organizaciones civiles. Finalmente, llamó a que el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud permita la participación activa de la Defensoría en la toma de decisiones sobre la prestación del servicio de salud en el sistema penitenciario. Fuente: [Infobae](https://www.infobae.com/colombia/2026/02/12/defensoria-de-pueblo-emitio-una-alerta-por-los-riesgos-en-atencion-de-salud-de-poblacion-privada-de-la-libertad/)
