La defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó su preocupación por la muerte de Kevin Arley Acosta, un menor de edad con hemofilia que no recibió su tratamiento en los meses recientes, debido a dificultades en el acceso a medicamentos y servicios de salud. Este hecho ha puesto en evidencia las fallas en el sistema de salud colombiano, que enfrentan miles de pacientes con enfermedades raras y de alto costo.
Kevin, afiliado a la Nueva EPS, perdió la vida tras meses sin recibir la atención necesaria, luego de que desde el 12 de diciembre de 2025 no tuviera asignada una institución prestadora de servicios de salud (IPS), lo que impidió la entrega del medicamento clave para su condición. La familia del menor, especialmente su madre Yudy Katerine Pico, responsabilizó a la EPS por la situación y expresó públicamente su dolor en declaraciones a medios locales.
Marín destacó que la familia enfrentó múltiples obstáculos para acceder a atención oportuna, y que cuando finalmente lograron atención, el estado del niño ya era crítico. La defensora subrayó que las reformas al sistema de salud no deben justificar retrasos o incumplimientos en la atención a los pacientes, y llamó a todos los actores del sector a reflexionar sobre su rol en garantizar una atención digna y efectiva.
Explicó que la protección de los derechos de los niños, en particular aquellos con condiciones de salud complejas, debe ser prioritario y sin demoras, pues sus derechos constitucionales no admiten excusas ni excusas. Marín expresó además su acompañamiento a la familia en estos momentos de profundo dolor.
Por su parte, el movimiento Pacientes Colombia, que agrupa a más de 200 organizaciones, afirmó en redes sociales que "Kevin no murió, su muerte fue evitable" y acusó a la Nueva EPS y al gobierno de ser responsables por el abandono que contribuyó a la tragedia.
La Federación Colombiana de Enfermedades Raras también emitió un comunicado lamentando el fallecimiento y solicitando a las instituciones responsables que asuman sus obligaciones. En su declaración, señalaron que la falta de un tratamiento vital a tiempo vulnera derechos fundamentales y pidieron respuestas claras y medidas efectivas para evitar futuras tragedias.
Este caso ha puesto en evidencia la necesidad urgente de fortalecer la protección de los derechos a la salud y la vida de los pacientes con enfermedades de alto costo y baja prevalencia en Colombia.
