La primera década del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) en México concluye con una crisis institucional que afecta al 81.81% de los organismos encargados de combatir la corrupción, según el monitoreo trimestral de Mexiro A.C. correspondiente al periodo de octubre a diciembre de 2025. El informe destaca que la mayoría de estas instituciones operan con designaciones incompletas, resultado de omisiones legislativas y recortes en el presupuesto, lo que debilita la lucha contra la corrupción.
Mexiro A.C. señala que la responsabilidad de estas omisiones recae en el Senado y los congresos estatales, que no han integrado los órganos del SNA ni de los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA). La organización denuncia que, en lugar de fortalecer las instituciones, el Poder Legislativo ha contribuido a su debilitamiento.
El periodo de crisis se agudizó tras la salida de Vania Pérez Morales de su cargo como presidenta del SNA y miembro del Comité de Participación Ciudadana (CPC), en enero de 2026. Solo dos de los cinco integrantes del CPC nacional permanecen en sus funciones, lo cual compromete la representación ciudadana y la capacidad de coordinación del sistema.
Durante una conferencia matutina del 14 de noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió que el SNA no opera en plena capacidad y llamó a revisarlo, aunque Mexiro A.C. insiste en que la primera acción debe ser resolver las fallas en las designaciones.
El monitoreo muestra que 19 de las 33 Comisiones de Selección están incompletas, afectando más del 57% de los sistemas. En varios estados, como Campeche, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, no hay ningún integrante designado. En Tabasco, una reforma del diciembre de 2025 eliminó la Comisión de Selección y trasladó sus funciones al Congreso local.
La falta de designaciones impacta directamente en los Comités de Participación Ciudadana; el 51.51% de estos órganos están incompletos, dejando en la sombra la participación ciudadana en la fiscalización anticorrupción. En estados como Campeche, Durango y Tabasco hay múltiples vacantes, y en otros como Colima, CDMX, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Querétaro, Sonora y Veracruz, no hay presencia alguna.
En el caso de Tabasco, desde junio de 2025, los cargos en el CPC son honoríficos y no reciben retribución económica. La organización también denuncia que el Senado no ha cumplido con su obligación constitucional de integrar la Comisión de Selección nacional, lo que obstaculiza las designaciones en el CPC y la estructura del SNA.
Además, la extinción de órganos autónomos de transparencia ha progresado tras reformas a la Ley General de Transparencia. En 19 estados, estos órganos han sido formalmente eliminados, incluyendo el INAI, y en otros seis aún funcionan con plenos incompletos. Sin embargo, la falta de leyes secundarias en muchas entidades ha retrasado su desaparición definitiva.
Mexiro A.C. concluye que la combinación de recortes presupuestales y designaciones incompletas mantiene en estado de parálisis a la política anticorrupción en México, debilitando los mecanismos institucionales y reduciendo la vigilancia ciudadana sobre el poder público.
