La región del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) atraviesa una ola de violencia sin precedentes impulsada por el narcotráfico, el uso de armas ilegales y enfrentamientos entre organizaciones criminales, según un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) divulgado en febrero. La intensificación de las operaciones antidrogas en México desde 2006 desplazó las rutas de tráfico hacia corredores menos controlados en Centroamérica, incrementando la violencia y debilitando la gobernabilidad en varios países de la región.
El informe destaca que Honduras y Guatemala registran algunas de las tasas de homicidio más altas del mundo, con Honduras alcanzando en 2011 un récord de 92 homicidios por cada 100,000 habitantes, cifras comparables a zonas en conflicto armado. La violencia excede el narcotráfico, siendo alimentada por disputas entre grupos criminales locales y foráneos por el control de rutas y recursos, legales e ilegales.
En la frontera entre Guatemala y Honduras, los enfrentamientos entre bandas criminales han convertido la zona en un escenario de guerra. La ONU-UNODC explica que la violencia en la región no responde únicamente a la circulación de drogas, sino a la lucha por territorios y fuentes de ingreso.
El informe diferencia entre organizaciones criminales: por un lado, familias criminales locales con control territorial, y por otro, transportistas especializados en mover drogas. Aunque las maras (MS-13 y M-18) mantienen un papel en extorsión y violencia cotidiana, su participación en el tráfico transnacional de cocaína es limitada. Sin embargo, grupos como ‘Los Zetas’ y las maras han diversificado sus actividades con delitos como el tráfico de migrantes, armas y trata de personas, generando ingresos que superan los 85 millones de dólares anuales en la región.
Las mujeres y niñas migrantes son especialmente vulnerables a la explotación sexual, sobre todo en fronteras de México y Guatemala. La proliferación de armas ilegales, muchas provenientes de arsenales estatales sin control, contribuye a la violencia; el 77% de los homicidios en la región se cometen con armas de fuego.
Los efectos de décadas de conflictos armados y corrupción dificultan la erradicación de la violencia armada. La criminalidad afecta gravemente la economía, las instituciones y la confianza ciudadana en la democracia, como lo evidencian datos en Guatemala donde solo un 33% de la población apoyaría un régimen militar. La respuesta social ante la inseguridad ha llevado al aumento de seguridad privada y ejecuciones extrajudiciales, decisiones que, en algunos casos, incrementan las violaciones a derechos humanos.
UNODC advierte que únicamente la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y políticas de desarrollo integral pueden frenar el avance del crimen organizado. La estrategia debe ser preventiva y coordinada, involucrando gobiernos, sector privado y sociedad civil, para evitar el desplazamiento del problema hacia otros países.
En El Salvador, una tregua mediada por la Iglesia en 2012 entre las maras logró reducir temporalmente los homicidios. Sin embargo, en zonas remotas de Guatemala y Honduras, la ausencia de Estado permitió la aparición de autoridades paralelas vinculadas al crimen organizado. La ONU concluye que la respuesta a la inseguridad en Centroamérica y el Caribe requiere acciones sostenidas y de enfoque integral que vayan más allá del uso excesivo de la fuerza militar.
