El panorama de inseguridad en México ha experimentado una transformación significativa, en la que la delincuencia tradicional y el cibercrimen convergen, multiplicando los riesgos para la población. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Ciudadana (ENVIPE 2025) del INEGI, basada en hechos de 2024, 23.1 millones de adultos en México sufrieron al menos un delito durante ese año, con una tasa de 24,135 víctimas por cada 100,000 habitantes, representando un incremento del 3.5% en comparación con el año anterior. En total, se reportaron aproximadamente 33.5 millones de delitos en el país.
Los delitos de mayor prevalencia fueron el fraude, con una tasa de 7,574 por cada 100,000 habitantes, seguido del robo o asalto en la calle o transporte público (6,003) y la extorsión (5,971). Ambos delitos, especialmente el fraude —que incluye estafas bancarias, comerciales y digitales— y la extorsión, se han desplazado hacia entornos remotos y virtuales, impulsados por las ventajas que ofrecen a los delincuentes: menor riesgo, mayor alcance y costos operativos reducidos.
Las conductas ilícitas realizadas a distancia crecieron un 9% para fraude y un 15% para extorsión respecto al año previo, en contraste con delitos presenciales que se mantuvieron estables o disminuyeron ligeramente. La facilidad para delinquir en línea, además de reducir riesgos, permite a los criminales operar a gran escala, complicando los esfuerzos institucionales para su combate.
El entorno digital también presenta una visión alarmante: el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) reportó que 21% de los usuarios de internet —unos 18.9 millones de personas— enfrentaron algún tipo de agresión en línea durante 2024. Entre las conductas identificadas están la suplantación de identidad, fraudes electrónicos, amenazas, extorsiones y acoso en redes sociales, impactos que generan consecuencias económicas y emocionales significativas.
Las estadísticas muestran que la probabilidad de que una persona adulta conectada sea víctima de ciberdelitos oscila entre 20% y 25%, por encima del riesgo de delitos presenciales, que se ubica entre 10% y 15%. Esta disparidad revela que, lejos de disminuir, la criminalidad convencional coexiste ahora con una ola creciente de ilícitos digitales que aumentan la sensación de inseguridad.
En el sector privado, estudios del equipo de investigación de SILIKN indican que México está entre los países más afectados por ciberataques en Latinoamérica. Durante el primer semestre de 2025, se registraron decenas de miles de millones de intentos de ataques, destacando delitos como ransomware y filtraciones de información, que afectan a empresas, infraestructura crítica y dependencias gubernamentales, con consecuencias económicas y estratégicas profundas.
Este aumento en los delitos digitales genera pérdidas económicas por fraudes bancarios, secuestro de datos y pagos de rescates, además de afectar emocionalmente a las víctimas a través de acosos en línea, sextorsión y miedo a la exposición de información personal. Lamentablemente, cerca del 93% de estos delitos no se denuncian, provocando una mayor invisibilidad de su verdadera magnitud.
El gobierno mexicano, por su parte, ha promovido estrategias en ciberseguridad, pero aún enfrentan limitaciones en implementación y alcance. La atención suele centrarse en delitos visibles de alto impacto, como homicidios, dejando en segundo plano la expansión del crimen digital, que ahora está estrechamente vinculado con las actividades del crimen organizado y amplifica sus esquemas ilícitos.
Expertos como Víctor Ruiz, fundador de SILIKN, advierten que incidentes graves como ataques a instituciones públicas y filtraciones de datos no reciben la atención requerida, lo que subestima la capacidad de los grupos criminales para dañar a la población.
La percepción de inseguridad en zonas urbanas permanece elevada, superando el 60%, debido a la omnipresencia de amenazas que ya no respetan horarios ni territorios. La inseguridad en México, por tanto, es un fenómeno dual, que combina amenazas tradicionales con un escenario digital de creciente peligrosidad.
Para enfrentar esta nueva realidad, las políticas de seguridad pública deben ir más allá del patrullaje convencional e incluir el fortalecimiento de capacidades en inteligencia cibernética, estrategias de prevención digital, colaboración con el sector tecnológico y mecanismos eficaces de denuncia y investigación en línea. Reconocer la complejidad de esta problemática es esencial para diseñar respuestas efectivas y reducir la vulnerabilidad de la ciudadanía ante estas amenazas convergentes.
