La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó con 38 votos a favor y sin votos en contra la ley 24.943, que establece la obligación de los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de presentar informes anuales sobre su gestión. La iniciativa, impulsada por la diputada Alejandra Larios del Partido Liberación Nacional, busca fortalecer la transparencia en las altas instancias judiciales y electorales.
La nueva normativa exige a los magistrados propietarios y suplentes, tanto de la Corte Suprema de Justicia como del TSE, elaborar un informe detallado que incluya un resumen de sus actividades, estadísticas procesales, participación en sesiones, votos salvados, notas como ponentes, y funciones en procedimientos disciplinarios. Además, deberán reportar proyectos revisados, informes para la Asamblea Legislativa y participación en comisiones.
Estos informes deberán enviarse un mes después de cada aniversario del nombramiento y publicarse en los sitios web oficiales del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa y del TSE, para garantizar el acceso público. En caso de incumplimiento, la ley tipifica como falta grave la omisión en la entrega, lo que puede derivar en procedimientos disciplinarios.
Tras su aprobación en el plenario, la ley será enviada a la Casa Presidencial para su firma y publicación en el Diario Oficial La Gaceta, paso que formalizará su entrada en vigor. La ley contempla un período de transición de seis meses para que las instituciones adapten sus procedimientos y puedan presentar los informes bajo criterios uniformes.
Este mecanismo busca promover la rendición de cuentas y mejorar el control ciudadano sobre los órganos judicial y electoral del país, en un contexto de creciente demanda por mayor transparencia y gestión responsable. La normativa representa un paso importante hacia la consolidación de mecanismos de supervisión pública en las instituciones de alto nivel del Estado.
