El cónsul de Colombia en Bilbao, Edgar Alberto Rojas, denunció irregularidades tras ser notificado de su salida del cargo, a pesar de un fallo judicial que le otorgó protección y estableció su continuidad en el puesto. La situación fue revelada por Rojas, quien expresó su incredulidad ante la decisión administrativa, que calificó como sin justificación y en desacuerdo con la resolución judicial.
Rojas, con 29 años de experiencia en la carrera diplomática, sostuvo que su gestión se caracterizó por un alto nivel de interacción con la comunidad colombiana en el norte de España, logrando mejorar significativamente la reputación y los resultados del consulado en Bilbao. Según explicó, el consulado pasó del puesto 15 al noveno en gestión de trámites a nivel mundial, evidenciando el impacto positivo de su administración.
Pese a estos logros, Rojas afirmó que nunca recibió explicaciones oficiales sobre su remoción. Criticó que le enviaran a un funcionario en provisionalidad, que no ocupa un cargo de alto rango, lo cual refuerza sus sospechas de arbitrariedad por parte de la Cancillería.
El diplomático también afirmó que la remoción podría tener motivaciones políticas o familiares, señalando que el director de Talento Humano del consulado es hermano de una concejala del Ayuntamiento de Bilbao. Aunque descartó vínculos directos, expresó su sospecha de coincidencias relacionadas con el contexto electoral.
Asimismo, Rojas expresó su preocupación por ser considerado en proceso de preparatorio para su pensión, cuando la ley y el fallo judicial ordenaron que se le garantizara su seguridad social y una reubicación adecuada. El tribunal había dispuesto su inclusión en una lista de espera y solicitó su reubicación, pero estas instrucciones no se han cumplido, lo que califica como un desacato en su caso.
El cónsul cumplió con entregar el cargo a su sucesor en la fecha establecida, pero aseguró que aún se encuentra en un proceso judicial y administrativo abierto. Rojas reiteró su expectativa de recibir respaldo legal y aclaró que continúa en funciones, pese a las acciones emprendidas por la Cancillería, concluyendo que mantiene la esperanza de que la justicia confirme su derecho a permanecer en el puesto.
