Las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Honduras, Cossette López y Ana Paola Hall, exigieron el inicio de un juicio político contra quienes consideran responsables de vulnerar la democracia durante las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. López expresó su frustración por la demora en la justicia, tras 105 días sin respuesta a sus denuncias, y advirtió que la impunidad favorece a quienes usaron la justicia con fines políticos para desacatar el proceso electoral.
Durante una publicación en sus plataformas digitales, López enfatizó que negociar con los señalados solo fortalecería a los responsables, a quienes calificó como enemigos no ocultos de la democracia, y advirtió que su inacción contribuye a la crisis política.
Por su parte, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, añadió que durante las elecciones se intentó quebrantar el orden democrático a través de amenazas directas y agresiones tanto a ella como a su familia. Hall afirmó que estas acciones no fueron aisladas, sino parte de una estrategia coordinada por el «sistema oficialista del pasado» para sabotear la voluntad popular y bloquear la declaración oficial de los resultados.
Hall también respaldó la solicitud de López y recalcó la gravedad de los ataques, destacando que el CNE enfrentó campañas de odio, presión y violencia mientras defendía y organizaba los comicios. La funcionaria insistió en la importancia de establecer precedentes claros para evitar que estas acciones se repitan, preguntando qué impediría que vuelvan a ocurrir hechos similares.
En sintonía, la designada presidencial María Antonieta Mejía solicitó juicio político contra el fiscal general, Johel Antonio Zelay, por su presunta participación en la instrumentalización de la justicia para afectar a las consejeras y socavar el proceso democrático. Mejía argumentó que la impunidad aumenta cuando no hay sanciones y destacó que durante la gestión de Zelay se usaron tecnologías y herramientas jurídicas como presiones para debilitar la democracia en Honduras.
La funcionaria recordó que ha planteado esta misma postura en su pasado como diputada y subrayó la urgencia de aplicar un juicio político para establecer un precedente que evite futuras vulneraciones, en un contexto marcado por demandas de transparencia y justicia en el país.
