El Congreso de Perú anunció la destitución del expresidente José Jerí, en medio de una crisis política que acaparó la atención nacional, preparando el escenario para las elecciones generales de 2026. La decisión se tomó tras una serie de controversias que erosionaron la legitimidad de Jerí, quien asumió el cargo en octubre de 2025 tras la vacancia de Dina Boluarte.
Más de 70 congresistas de distintas bancadas respaldaron la convocatoria a un Pleno Extraordinario que activó el mecanismo constitucional de sucesión y terminó con la remoción del mandatario, cuyas acciones en Palacio generaron múltiples investigaciones y una caída significativa en su aprobación ciudadana. Entre los escándalos destacan reuniones no reportadas con empresarios chinos, visitas nocturnas de allegadas al despacho presidencial y fiestas en casas de campo que violaron protocolos sanitarios y éticos.
Estos hechos fueron expuestos en reportajes televisivos y motivaron investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias, además de generar descontento social. Jerí admitió haber asistido a eventos privados, incluyendo una fiesta en Cieneguilla en 2024, que involucró congresistas y exfuncionarios, y que fue sancionada por las autoridades municipales.
Asimismo, se difundieron datos sobre gastos personales del exmandatario en hoteles y restaurantes de Lince, lo cual alimentó sospechas sobre la gestión de sus recursos y actividades privadas.
A pesar de su salida, expertos y autoridades electorales destacaron que la destitución de Jerí no afectará la organización ni el calendario de las elecciones generales del 12 de abril de 2026. El abogado constitucionalista Óscar Urviola explicó que los órganos electorales como el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE tienen autonomía para continuar con los preparativos, independientemente de cambios en la presidencia.
El proceso electoral, que ha sido habilitado para 38 partidos políticos, sigue en marcha con cronograma y presupuestos establecidos, garantizando que la voluntad popular se respete en la fecha prevista. La postura institucional coincide en que la transición en Palacio de Gobierno no afectará la organización y el desarrollo de las elecciones, resaltando la independencia de los órganos electorales.
La destitución de Jerí cierra un ciclo marcado por escándalos que afectaron su credibilidad y popularidad, cuyo respaldo cayó a niveles mínimos, con una desaprobación que superó el 70% a nivel nacional. La crisis política que enfrentó centró la atención en la necesidad de estabilidad institucional y en garantizar procesos democráticos transparentes en medio de un escenario electoral complejo.
