El Congreso de Colombia formalizó el proceso para seleccionar al próximo Contralor General de la República, cuyo mandato será del 2026 al 2030. El procedimiento, divulgado mediante la resolución 004 el 30 de enero, contempla una convocatoria pública y la designación de la Universidad de Cartagena como institución encargada de evaluar a los candidatos, incluyendo pruebas de conocimientos y análisis de hojas de vida. La fase de inscripciones será del 9 al 12 de marzo de 2026, y la prueba eliminatoria se realizará el 20 de abril, cuyos resultados determinarán quiénes avanzarán a audiencias públicas con una lista final de diez aspirantes. La elección definitiva se llevará a cabo ante el Congreso en pleno el 12 de agosto de 2026, marcando quién liderará la vigilancia fiscal en los próximos cuatro años. Además, la Contraloría General advirtió sobre el impacto del proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda que propone reducir el límite de inversiones en el exterior de fondos de pensiones obligatorias gestionados por AFPs. La posible disminución en la rentabilidad, estimada en un 3.7% en 2030, podría traducirse en una pérdida de aproximadamente $3.2 billones para los ahorros pensionales, afectando la sostenibilidad del sistema y aumentando la presión fiscal. La entidad también resaltó que esta propuesta obligaría a incrementar las inversiones en mercado local, pasando del actual 51% al 69%, lo que presenta desafíos en cuanto a la capacidad de absorción del mercado interno. La diversificación internacional, que ha beneficiado a los fondos de pensiones, permitiría obtener mayores rendimientos en comparación con las inversiones exclusivamente locales, cuya rentabilidad promedio en los últimos cuatro años fue de 3.8%. La Contraloría advirtió que, si estas proyecciones se materializan, se disminuirá el monto de las pensiones, impactando la calidad de vida de los futuros jubilados, además de agravar el déficit actuarial del sistema en el contexto de las reformas al sistema pensional actualmente revisadas por la Corte Constitucional, y que podrían reducir el número de cotizantes activos a partir de 2037. La entidad llamó a priorizar la protección del ahorro y la sostenibilidad del sistema de pensiones en las decisiones sobre inversiones internacionales, con el fin de mantener la confianza pública en el esquema de reparto y acumulación.
