El enfrentamiento entre Javier Milei y Paolo Rocca, así como las tensiones en torno a la licitación de grandes obras en Argentina, evidencian una transformación profunda en el esquema macroeconómico del país. La reciente pérdida del Grupo Techint en una importante licitación para la construcción de 480 kilómetros de cañerías para transporte de gas desde Vaca Muerta hacia Río Negro marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado, las empresas nacionales y multinacionales.
En ese proceso, Welspun, una compañía india que importa chapas desde China, resultó adjudicataria, lo que generó rechazo en sectores industriales argentinos que defendían a la industria local y alertaron sobre posibles prácticas de dumping, enviando incluso una denuncia antidumping. La Casa Rosada manifestó que el resultado de esta licitación privatizada, y en la que participó un consorcio de cinco compañías, responde a una política económica que apuesta a ampliar la competencia y reducir proteccionismos.
Desde el Gobierno sostenían que la pérdida de participación de Techint en el sector refleja un cambio de paradigma económico. Fuentes oficiales aseguraron que la Argentina necesita transitar por una fase de disrupción para salir de un modelo anacrónico y favorecer el surgimiento de nuevas industrias mientras desaparecen las ineficientes.
Este giro también se manifiesta en decisiones que favorecen al sector agrícola, minero e hidrocarburífero, considerados grandes beneficiados por las nuevas políticas macroeconómicas. En contraste, industrias afectadas por mayor apertura a importaciones y menor competitividad estructural advierten que estas medidas favorecen a sectores fuera de los conurbanos, cuestionando la equidad del modelo.
Respecto a la postura de Milei, algunos cercanos al gobierno consideran que su recelo hacia Rocca y Techint responde a una percepción de que estos actores representan la Argentina prebendaria, vinculada a una élite económica tradicional que no fue considerada en la nueva estrategia nacional. La tensión también se refleja en acusaciones de presiones y conspiraciones relacionadas con decisiones económicas y políticas pos-elecciones.
En el sector industrial, la pérdida de licitaciones por parte de Techint y la posible incorporación de empresas con mayor vinculación con el gobierno, como Welspun, son vistas como parte de una estrategia para revitalizar otros rubros económicos, en línea con una visión de transformación estructural del país. La dinámica de precios internacionales de commodities como el GNL y beneficios como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) también favorecen a nuevos actores y provincias, en detrimento de empresas tradicionales.
El Gobierno afirma que estas políticas apuntan a modernizar la economía argentina, promoviendo un proceso de reorganización productiva que, aunque inevitablemente implica desajustes laborales y cierres, busca un crecimiento sustentable en el largo plazo. La posible firma de un acuerdo comercial con Estados Unidos, que mejoraría las exportaciones de acero y aluminio en línea con las empresas del grupo Techint y Aluar, también es vista como un paso clave en esa estrategia.
El conflicto refleja, en definitiva, una lucha por definir el rumbo económico y político del país, en un momento donde las decisiones sobre protección, competencia y apertura comercial están en el centro de la escena política y empresarial, con impactos directos en la estructura industrial y en el empleo de Argentina.
