La Conferencia Episcopal Argentina expresó este sábado su oposición a la iniciativa del gobierno que propone bajar la edad de imputabilidad penal para menores, señalando que no debe considerarse como la única respuesta ante los delitos cometidos por jóvenes. En un comunicado firmado por la Comisión Ejecutiva, la Iglesia manifestó su cercanía a las víctimas de delitos y advirtió que enfocar el debate únicamente en la edad de los imputables omite aspectos fundamentales como la prevención, la educación y el acompañamiento social.
El documento, titulado 'Más oportunidades que penas', señala interrogantes planteados en marzo de 2025 por la Pastoral Social de la misma entidad, entre ellas: "¿Qué pasará con los menores si se reduce la edad de responsabilidad?" y "¿Qué alternativas reales existen para su reinserción social?". Además, cuestiona las condiciones y recursos disponibles en las provincias para atender a adolescentes delincuentes, y analiza la efectividad de las instituciones penitenciarias existentes.
La Iglesia reafirmó la importancia de un régimen penal juvenil con un enfoque humano, integral y esperanzador, haciendo referencia a la figura de san Juan Bosco y los 150 años de presencia salesiana en Argentina. Destacó que el sistema educativo basado en la cercanía, el trabajo, la educación y la vida comunitaria son herramientas esenciales para el desarrollo y la prevención.
En su pronunciamiento, los obispos subrayaron la necesidad de fortalecer políticas educativas y comunitarias, así como construir alternativas preventivas, destacando el papel de las familias, las comunidades y el Estado en la intervención social.
El comunicado fue firmado por el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia, Marcelo D. Colombo; el arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero, Ángel S. Card. Rossi; el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, vicepresidente segundo; y el obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro, secretario general.
Por otro lado, el debate sobre la reducción de la edad de imputabilidad en Argentina resurgió tras la inclusión en las sesiones extraordinarias del Congreso, en respuesta al impacto social del crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe, cuyo principal sospechoso es una menor de 16 años. El gobierno busca 'alinear' la legislación con países vecinos, donde la responsabilidad penal inicia a edades tempranas como en Chile, Colombia y Perú (14 años), o en Brasil y México (12 años).
Tras un receso en el proceso legislativo, el debate deberá reiniciarse desde cero. Sin embargo, referentes del partido libertario y bloques políticos como PRO y UCR manifiestan su intención de retomar los consensos previos, incluyendo la propuesta que fija los 14 años como edad mínima para responsabilidad penal.
El proyecto establece penas máximas de 15 años de prisión para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro, y promueve alternativas a la privación de libertad en delitos que sancionen hasta tres años, como tareas comunitarias, monitoreo electrónico, reparación del daño o prohibiciones de aproximación a las víctimas. La prisión se reserva para casos extremos, excluyendo en cualquier circunstancia la reclusión perpetua, incluso en concursos delictivos.
Asimismo, el proyecto crea instituciones especializadas para menores condenados, con acceso garantizado a educación, atención médica y tratamiento en adicciones, además de prohibir la convivencia con presos adultos. Estas medidas provocaron controversia con los gobernadores del país, quienes solicitaron fondos específicos para construir las instalaciones necesarias.
Las penas alternativas incluyen amonestaciones, trabajos comunitarios, prohibiciones y monitoreo electrónico en casos de penas no mayores a tres años, o hasta diez en situaciones sin violencia grave o muerte. También se propone la suspensión del proceso a prueba y programas de mediación penal juvenil, con intervenciones de apoyo como capacitación laboral, actividades culturales y asistencia psicológica.
El proyecto contempla medidas para casos con problemas de salud mental, consumo problemático o entornos familiares violentos, con obligatoriedad de notificación judicial en internaciones clínicas y protección de la identidad de los menores. Incluye también dispositivos para la atención de inimputables y la responsabilidad civil de los padres.
Finalmente, las víctimas podrán acceder a patrocinio jurídico gratuito, asesoramiento psicológico y social, participar en mediaciones y ser informadas en todo momento del proceso judicial. La propuesta busca equilibrar la protección del menor infractor con la reparación y la justicia social, en un contexto de debate público sobre la política criminal juvenil.
