La Audiencia de Barcelona dictaminó una condena de 13 meses de prisión para un agente de los Mossos d’Esquadra, identificado como F.J.P.V., por apropiarse de un iPhone 12 Pro y unos AirPods Pro pertenecientes a un ciudadano colombiano que murió en la vía pública de Santa Coloma de Gramenet en octubre de 2021. La sentencia también impone la inhabilitación del oficial para ejercer funciones policiales y cargos públicos durante el mismo periodo y ordena al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya pagar una indemnización de 850 euros a la viuda del fallecido.
Los hechos ocurrieron la noche del 27 de octubre de 2021, cuando, en servicio nocturno, el agente acudió con su compañero a la calle Pedró tras informar del fallecimiento de un hombre identificado como V.A.I.P. El lugar fue acordonado con presencia de policías locales, emergencias y otros efectivos de los Mossos d’Esquadra. La víctima, sin vida, llevaba consigo una mochila con objetos personales, incluyendo un iPhone y unos AirPods, que fueron entregados para su resguardo en la investigación.
Posteriormente, los oficiales transportaron las pertenencias en el vehículo institucional. Sin embargo, según la investigación, F.J.P.V. manipuló y sustrajo los objetos, registrando en la minuta policial unos auriculares distintos a los originales y omitiendo mencionar el teléfono móvil. La cadena de custodia, que debía garantizar la integridad de los objetos, fue alterada, y las aplicaciones de geolocalización confirmaron que el agente había apropiado los dispositivos en las horas posteriores a la intervención.
El 2 de noviembre, familiares del fallecido detectaron la desaparición del iPhone y los AirPods, cuyos rastros evidenciaron que se encontraban en propiedad del oficial en su domicilio en Mataró. La defensa alegó que las evidencias no eran concluyentes y que el oficial no manipuló los objetos, argumentando fallas técnicas o negligencias en el proceso de custodia.
No obstante, el tribunal consideró que las pruebas indiciarias, incluyendo análisis de la ubicación del teléfono y los cambios en los registros policiales, demostraron que el agente utilizó su posición para apropiarse de los bienes sin autorización. La sentencia subraya la credibilidad de los indicios recopilados y destaca que, en conjunto, constituyen una evidencia sólida de conducta ilícita por parte del oficial.