¿Te imaginas que a una joven de 23 años le señalen por un presunto esquema de fraude académico que podría salpicar a toda una institución? Esto es exactamente lo que ocurrió con Juliana Guerrero, quien recientemente reapareció en su puesto como delegada del Gobierno en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, a pesar de estar envuelta en fuertes controversias.
El 29 de enero de 2026, en medio de una tormenta mediática, Guerrero volvió a ser noticia. La joven, vinculada con el escándalo del ‘cartel de diplomas’ en la Fundación Universitaria San José, continúa en su puesto pese a las acusaciones por falsificación de su título como contadora. Pero, ¿qué hay detrás de esta polémica?
De acuerdo con un reporte de Blu Radio, Guerrero mantiene su posición en la administración de Gustavo Petro, y lo más sorprendente es que, incluso después de que la universidad anuló oficialmente su título en noviembre pasado, su nombre todavía figura como representante ante la institución. ¿Cómo es posible que siga allí, con tantos indicios en su contra?
La historia de Guerrero tomó una dimensión aún mayor cuando sus credenciales aparecieron en el portal oficial de la Presidencia de la República como candidata para ser viceministra de Juventud. La sorpresa y las dudas no se hicieron esperar: una joven de 23 años sin experiencia sólida y sin documentos académicos válidos, ¿realmente podía aspirar a un cargo tan alto?
Todo empezó a desmoronarse cuando las congresistas Jennifer Pedraza y Catherine Juvinao denunciaron irregularidades en la expedición de su título. La Fundación Universitaria San José admitió que Guerrero se graduó sin presentar el examen de Estado Saber Pro, requisito obligatorio en Colombia para obtener la licencia profesional. La universidad también confirmó que no hay registros de asistencia a clases, calificaciones ni pagos de matrícula en los tiempos adecuados.
Este escándalo reveló un esquema de fraude a gran escala, beneficiando a unos 40 estudiantes en la misma institución. La situación adquirió una dimensión nacional, llevando al Ministerio de Educación a abrir una inspección para esclarecer las irregularidades, mientras que la Procuraduría investiga posibles faltas disciplinarias.
A pesar de todo, Guerrero no dejó su cargo. ¿Por qué sigue en su puesto si la propia universidad anuló su diploma? La respuesta está en los estatutos de la universidad, que no exigen título profesional para ejercer el cargo de representante ante el Consejo Superior, solo mantener vínculos previos con el sector académico. Por ello, su pasado como representante estudiantil le otorgó el derecho a seguir en su posición, pese a las dudas y el escándalo que rodean su nombre.
¿Se podrá hacer justicia en este caso? ¿Qué impacto tendrá en la percepción pública sobre los altos cargos en el sector educativo y gubernamental? La historia de Guerrero continúa en el centro del debate nacional.
