El Comité de Seguimiento y Monitoreo de Colombia presentó el 30 de enero en Bogotá su informe sobre la crisis humanitaria en el país, que cerró 2025 con el nivel más alto en las últimas dos décadas. El documento señala que en 2025 se registró la cifra más alta de desplazamientos forzados en 18 años, con más de un millón de personas confinadas por acciones de grupos armados, triplicando las cifras de 2024 y poniendo en riesgo la capacidad institucional de respuesta.
El informe detalla avances parciales en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, especialmente en regiones priorizadas por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), donde se han realizado proyectos productivos, acceso a tierras y programas sociales. Sin embargo, la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, alertó sobre la superposición entre territorios PDET y zonas con fuerte presencia de actores armados, como el Cauca, el Pacífico y ciertas áreas del Caribe, lo que incrementa los riesgos humanitarios y limita derechos comunitarios.
Cogollo explicó que esta situación ha llevado al gobierno a focalizar sus políticas en las regiones más afectadas, aunque advirtió que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para evitar la repetición del conflicto. El informe destaca una reducción en el Índice de Pobreza Multidimensional en las regiones PDET, que bajó de 39.8% en 2018 a 23.7% en 2023, y mencionó el fortalecimiento de proyectos liderados por mujeres y programas de acceso a tierras en áreas como Montes de María y la Costa Pacífica.
No obstante, estas regiones enfrentan altos niveles de riesgo debido a la presencia de grupos armados, lo que genera tensiones entre avances sociales y violencia persistente. Para el próximo ciclo electoral, el Comité resaltó la ampliación hasta 2034 de la política PDET, pero advirtió sobre riesgos si las propuestas de la Comisión de la Verdad, que contienen 220 recomendaciones, no se incorporan en la actualización de los planes de acción territorial.
Cogollo enfatizó que sin coherencia en las estrategias estatales, el vacío sería grave, pues las recomendaciones de la Comisión de la Verdad deben integrarse con las políticas de paz contenidas en el acuerdo de 2016. Además, hizo un llamado a los candidatos presidenciales y futuros gobiernos para que desescalen los discursos violentos y prioricen la continuidad de las políticas de paz.
El informe concluye que el principal riesgo para evitar una nueva escalada del conflicto en Colombia es la combinación de violencia armada y crisis humanitaria, afectada por un desbalance entre la presencia de actores armados y la implementación efectiva de políticas públicas que garanticen los derechos de las comunidades. Cogollo subrayó la necesidad de una estrategia integral que articule la paz y la seguridad para garantizar un desarrollo sostenible en el país.
