El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto que estableció un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026 en Colombia, decisión que afecta a más de 1.1 millones de pensionados que reciben esa mesada mensualmente. La medida obliga al Gobierno a emitir en ocho días un nuevo decreto ajustado a los parámetros legales y ordena que, mientras tanto, los pagos se mantengan con base en el salario anterior.
La suspensión se fundamentó en que el Gobierno no justificó el incremento conforme a los criterios tradicionales establecidos en la Ley 278 de 1996, como inflación, productividad o Producto Interno Bruto. En cambio, el decreto suspendido utilizaba conceptos no respaldados legalmente, como 'salario vital familiar' y 'brecha de suficiencia material'.
Los magistrados destacaron que las herramientas legales para determinar el salario mínimo son inalterables y no pueden ser sustituidas por estudios internacionales ni variables no autorizadas. Para evitar vacíos legales que puedan perjudicar a trabajadores y jubilados, el Consejo de Estado ordenó mantener el salario anterior durante la semana que demora en emitirse un nuevo ajuste.
La decisión impactó de inmediato a los pensionados. Antes del decreto suspendido, 1,029,209 jubilados percibían una pensión igual al salario mínimo; tras el aumento del 23.7%, la cifra subió a 1,138,378 personas, ya que varios que recibían poco más del mínimo ahora reciben exactamente esa cantidad. Los jubilados con pensiones mayores al mínimo vieron reajustes solo en línea con la inflación, aproximadamente el 5%, por lo que muchos pasaron a recibir la mesada básica.
El presidente de Colpensiones, Jaime Dussán, afirmó a la revista Semana que la entidad cuenta con la capacidad técnica y financiera para cumplir con las obligaciones pensionales según las leyes y los ajustes definidos legalmente. Destacó que la operatividad de la entidad está garantizada, independientemente de la decisión judicial.
Sobre los próximos pasos, Dussán indicó que la medida del Consejo de Estado es provisional y no afecta pagos ya realizados. La autoridad judicial determinará la validez definitiva de los cambios una vez se resuelva el caso de fondo. La protección jurídica de los derechos pensionales se mantiene, y la entidad está preparada para responder a cualquier escenario normativo.
Mientras tanto, el pago de pensiones continúa bajo el esquema vigente, y solo se ajustará cuando el Gobierno confirme el valor definitivo del salario mínimo, respaldado por la decisión judicial. Dussán aclaró que Colpensiones no decide incrementos, sino que cumple con los lineamientos oficiales.
Respecto a posibles devoluciones o descuentos, el funcionario aseguró que la suspensión judicial vigente no implicará descuentos en pagos ya realizados ni retenciones hasta que exista una decisión definitiva. La continuidad del pago y la seguridad jurídica están protegidas para los beneficiarios.
Legalmente, el proceso de reforma pensional continúa en la Corte Constitucional, la cual deberá armonizar su aplicación con el salario mínimo vigente una vez se apruebe. El porcentaje final del incremento será definido por el Gobierno en línea con la ley y las resoluciones judiciales.
La gestión interna de Colpensiones sigue en marcha para definir la estructuración del salario mínimo 2026, y todos los mecanismos de consulta permanecen abiertos con los beneficiarios. Para los más de un millón de jubilados, la prioridad es mantener la regularidad en los depósitos, hasta que en las próximas semanas se establezca un marco normativo estable, respaldado por la ley y la justicia, afirmó Revista Semana.
