El gobierno de Colombia presentó formalmente una demanda ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) contra la denominada 'tasa de seguridad' impuesta por Ecuador desde el 1 de febrero, la cual equivale a un arancel del 30% sobre las importaciones colombianas. La solicitud busca la suspensión inmediata de esta medida para restablecer el libre flujo de mercancías en el bloque regional.
La 'tasa de seguridad', establecida mediante resolución del Servicio Nacional de Aduanas de Ecuador, grava productos de origen colombiano y viola las disposiciones del acuerdo de integración de la CAN, por lo que Colombia pide una revisión urgente del caso. La CAN admitió la denuncia y abrió una investigación conforme al artículo 46 de la Decisión 425, en la que se recopilará información adicional y se realizará un análisis para determinar si la medida ecuatoriana infringe las normas de comercio regional.
Actualmente, la investigación está en etapas iniciales, con revisión documental, audiencias y solicitudes de información a las autoridades de ambos países. Por su parte, Colombia solicitó medidas cautelares para suspender el cobro del arancel mientras se concluye el proceso, que podría durar varios meses. La disputa surge tras intentos fallidos de negociaciones bilaterales, en las que Ecuador mantuvo el recargo unilaterale, a pesar de avances en cooperación fronteriza y combate al crimen organizado.
Legalmente, Colombia fundamenta su reclamo en el Acuerdo de Cartagena y en las decisiones 425 y otros artículos que garantizan la libertad de circulación y arancel cero dentro del mercado andino. Además, solicita que la tasa de seguridad sea considerada como un gravamen contradictorio con el espíritu del acuerdo fundacional.
El conflicto se incrementó tras el anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, en el Foro Económico Mundial de Davos, el 21 de enero, quien justificó el recargo por la falta de colaboración de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera. Ecuador también argumenta que el aumento en los costos de importación se debe a un desequilibrio en la balanza comercial bilateral, con un déficit superior a los mil millones de dólares al año. Noboa ha denunciado que Colombia no ha tomado suficientes acciones para frenar el tráfico de drogas hacia Ecuador, utilizado como ruta para la distribución de sustancias ilícitas a Estados Unidos y Europa.
El impacto en las exportaciones colombianas, en particular productos manufacturados, alimentos procesados y textiles que se dirigen a Ecuador, es significativo. Ecuador es el sexto destino de exportación de Colombia y el segundo para productos no minero-energéticos. Como respuesta, Colombia implementó un arancel espejo del 30% en cerca de 50 productos ecuatorianos, incluyendo alimentos básicos, insumos industriales y bienes de consumo, además de suspender temporalmente el suministro de energía eléctrica a Ecuador, provocando un costo adicional de aproximadamente 2 millones de dólares diarios para este país.
En Ecuador, los productos afectados comprenden bienes manufacturados y agroindustriales no minero-energéticos, con la justificación oficial de fortalecer la seguridad y combatir la delincuencia en zonas fronterizas. La medida también ha provocado efectos inmediatos en los consumidores colombianos, incrementando los precios de alimentos importados desde Ecuador y alterando los flujos comerciales tradicionales, generando incertidumbre en los mercados fronterizos.
