El director de vigilancia e inspección electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), José Parra, afirmó que el organismo actúa conforme a la Constitución y la ley, tras las declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda, quien propuso eliminar el tribunal electoral tras ser impedido de participar en una consulta interpartidista el 8 de marzo. Parra resaltó que el CNE ejerce sus funciones constitucionales, como la revocatoria de inscripciones de candidaturas, y que en todo momento realiza sesiones y audiencias públicas para resolver los casos que le son presentados, garantizando la legalidad de sus decisiones.
El funcionario también aclaró que las resoluciones del CNE, así como las de autoridades judiciales y administrativas, gozan de presunción de legalidad y pueden ser impugnadas mediante acciones legales correspondientes. En respuesta a las solicitudes de Cepeda de cerrar el organismo, Parra sostuvo que la única vía para ello sería a través de una reforma constitucional, puesto que el CNE es un órgano constitucional y forma parte de las ramas del poder público encargadas de la organización electoral.
Estas declaraciones surgieron tras la negativa del CNE a permitir la participación de Iván Cepeda en la consulta del Frente por la Vida. El candidato criticó públicamente la decisión, calificándola como arbitraria y antidemocrática, y aseguró que su inhabilitación carece de fundamento jurídico. Anunció que, luego de su exclusión, inscribirá su candidatura para la primera vuelta presidencial en los próximos días.
La resolución que impidió a Cepeda participar fue votada por seis consejeros a favor y cuatro en contra, con el argumento de que el candidato ya había participado en una votación similar en octubre de 2025. Entre quienes apoyaron la revocatoria figuran Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada y Hollman Ibáñez, mientras que los votos en contra provinieron de Fabiola Márquez, Alba Lucía Velásquez y otros. Además, se destacó que dentro del proceso, el partido Polo Democrático, parte del Pacto Histórico, fue considerado una transformación estructural del sistema de partidos, lo cual afecta la interpretación de sus actuaciones políticas.
