El Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), anunció a través de un comunicado fechado el 2 de marzo de 2026, que respetará los procesos electorales en el país y no intervendrá en las votaciones próximas. En el documento, la organización criminal se compromete a abstenerse de acciones que puedan coaccionar, intimidar o condicionar el derecho al voto, así como a no imponer, vetar candidatos ni financiar campañas políticas, directa o indirectamente.
El grupo también asegura que no restringirá la movilidad de ciudadanos, funcionarios electorales o aspirantes, y rechaza expresamente cualquier forma de intervención armada en la contienda electoral. Además, condena prácticas como amenazas, confinamiento de comunidades y otras conductas recurrentemente denunciadas en distintas regiones colombianas. Asimismo, hace un llamado a otros actores armados para que adopten compromisos similares en protección de la democracia y solicita a la comunidad internacional y organismos de observación que verifiquen y hagan seguimiento al cumplimiento de estos compromisos.
Aunque el anuncio se presenta como un gesto de voluntad política por parte del grupo, las autoridades advierten que el Clan del Golfo continúa siendo una de las principales estructuras delictivas del país, vinculada a actividades como narcotráfico, minería ilegal y extorsión, además de mantener control territorial y enfrentamientos con las fuerzas públicas. Históricamente, misiones de observación y autoridades han alertado sobre riesgos de presión armada en zonas donde operan grupos ilegales durante procesos electorales.
El Gobierno nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial respecto a este comunicado, pero reiteró su prioridad en garantizar la seguridad de las elecciones y mantener operativos contra las organizaciones criminales. Expertos en conflicto han señalado que, si bien estos pronunciamientos reflejan una intención, su cumplimiento efectivo dependerá de la capacidad de mando en terreno y del comportamiento en las zonas de influencia.
Las autoridades continúan desplegando fuerzas militares y policiales en áreas consideradas críticas, además de reforzar canales de denuncia para reportar irregularidades. Organizaciones sociales y de derechos humanos advierten que garantizar la participación política plena requiere acciones concretas y verificables en el terreno, no solo comunicados públicos.
La atención estará en el comportamiento de estos grupos armados en las semanas previas y durante la jornada electoral, ante lo cual las autoridades y mecanismos de observación están atentos a posibles desviaciones. En el pasado, similares pronunciamientos han sido utilizados por actores ilegales en momentos políticos sensibles, por lo que la verdadera prueba será el comportamiento en el campo, según expertos consultados.
