El 2 de febrero, Ciro Castillo, gobernador regional del Callao, afirmó en una entrevista con Christian Hudtwalcker que tiene una disposición judicial para reintegrarse en sus funciones, tras ser parcialmente acusado en un proceso penal. Luego de que el Poder Judicial levantara la orden de prisión preventiva en su contra, Castillo insistió en que su cargo nunca fue suspendido y que la encargatura actual vence con su retorno oficial.
Castillo explicó que, según las medidas restrictivas vigentes, no puede abandonar la provincia ni hablar sobre ciertos aspectos de la investigación, y que permaneció en reserva por ser parte de una carpeta judicial reservada. Sin embargo, afirmó que su compromiso con la ley le permite reivindicar su condición de gobernador, respaldada por una resolución del Jurado Nacional de Elecciones que confirma su cargo tras una amplia victoria electoral.
El gobernador detalló que en su intento de ingresar a la sede regional del Callao, los accesos estaban cerrados y la encargadora se negó a entregarle el cargo, situación que describió como resistencia injustificada. Anunció que recurrirá a las instituciones correspondientes, como la policía y el Ministerio Público, para garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales, descartando cualquier acción violenta.
Sobre su salud, Castillo justificó su retraso en entregarse en una etapa anterior por motivos médicos, señalando que su edad y condición física requieren precaución. Aseguró que sus capacidades mentales permanecen intactas y que está en condiciones de desempeñar sus funciones.
Respecto a las alegaciones de intereses involucrados en la resistencia a su retorno, comentó que existe una red de personas vinculadas a la vicegobernadora y que la situación no involucra a una sola persona. Su abogado alertó que la permanencia de la encargada en el cargo podría constituir delitos como usurpación y resistencia, ya que Castillo no ha sido suspendido ni vacado oficialmente.
Castillo también informó que está gestionando el pago de una caución de 20 mil soles, condición impuesta por el Poder Judicial, la cual planea cancelar en breve para retomar sus funciones. Sobre las acusaciones de corrupción, sostuvo que mientras no exista una sentencia firme se presume su inocencia, y aclaró que no puede garantizar la honestidad de todos en su entorno, pero confía en que las autoridades esclarecerán cualquier responsabilidad.
La entrevista refleja la tensión entre Castillo y las instituciones judiciales y administrativas del Callao, en el contexto de un proceso judicial que busca definir su situación legal y su ejercicio efectivo del cargo de gobernador regional.
