La situación legal de Ciro Castillo Rojo, gobernador regional del Callao, cambió tras la resolución judicial que anuló la orden de prisión preventiva en su contra, permitiéndole enfrentar el proceso en libertad. La Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao revocó la medida, que inicialmente decretaba 24 meses de prisión preventiva, y la sustituyó por comparecencia con restricciones.
Esta decisión, tomada tras la evaluación de un recurso de apelación presentado por su defensa, implica que Castillo debe presentarse mensualmente ante el registro biométrico, no puede salir del Callao sin autorización judicial, tiene prohibido abandonar el país y comunicarse con otros investigados, además de pagar una caución de 20,000 soles en los próximos diez días. También se le prohibió hacer declaraciones a la prensa sobre el caso.
El abogado penalista Andy Carrión explicó que esta medida no impide que Castillo retome su cargo como gobernador, ya que no existe una sentencia condenatoria firme ni una resolución en primera instancia que lo inhabilite para ejercer funciones públicas. La única vía para destituirlo sería una decisión administrativa del Gobierno Regional o del Jurado Nacional de Elecciones, que deben seguir plazos y causalidades establecidas en la ley electoral.
Hasta ahora, el Consejo Regional del Callao suspendió a Castillo durante la investigación, y en su lugar designó a Edyta Vargas para garantizar la continuidad del gobierno regional. Sin embargo, con la posible restitución, la permanencia del mandatario en el cargo sería factible, dado que no ha sido destituido formalmente.
El proceso judicial en su contra forma parte de la investigación fiscal denominada “Los Socios del Callao”, que indaga la existencia de una organización criminal responsable de manipular más de 60 procesos de contratación pública en el Gobierno Regional durante 2023, ocasionando un daño económico superior a uno millones de soles al Estado, según informó el Ministerio Público.
