El proyecto de un cable submarino de fibra óptica que conectará Chile con Hong Kong, enmarcado en el acuerdo China-Chile Express (CCE), genera inquietudes por su posible impacto en la seguridad, economía y soberanía del país sudamericano y la región. La iniciativa, aún con poca transparencia, implica que datos sensibles de decenas de millones de latinoamericanos puedan ser procesados en Beijing en cuestión de microsegundos, según expertos.
El cable, que atravesará el Océano Pacífico con puntos de conexión en Valparaíso y Hong Kong, se enmarca en la estrategia del régimen chino bajo el liderazgo de Xi Jinping para expandir su influencia en sectores estratégicos de América Latina. Se estima que además de datos personales, información gubernamental, militar, empresarial y de seguridad passará por esta infraestructura, con el respaldo de tecnologías de inteligencia artificial como DeepSeek, integradas al Ejército Popular de Liberación (EPL).
La falta de detalles sobre el avance del proyecto y la transparencia en su implementación generan preocupaciones, especialmente sobre posibles cargas regulatorias para las empresas chilenas, que podrían enfrentarse a costos adicionales y riesgos para sectores económicos clave. Asimismo, existen dudas sobre la calidad de las obras estructurales desarrolladas por China, que en otros países de la región han evidenciado graves fallas infraestructurales y impactos ambientales, como en Perú, Ecuador y Bolivia.
Tanto autoridades argentinas como expertas advierten sobre las posibles limitaciones a la soberanía, ejemplificado en la presencia de bases militares chinas en la Patagonia y la imposibilidad de controlar o auditar esas instalaciones. La manera en que se eligieron las empresas y los procesos de licitación aún no han sido revelados, lo que alimenta suspicacias sobre posibles actos de corrupción y el impacto económico del proyecto.
Aunque promotores del cable aseguran que su velocidad de transmisión sería de hasta 16 terabits por segundo, el gobierno de Chile y la embajada china en Santiago mantienen silencio sobre los detalles del proyecto. La administración de Gabriel Boric, que finaliza en semanas, parece reacia a tomar decisiones en un tema tan estratégico, dejando el asunto para un eventual próximo gobierno.
El senador Alejandro Kusanovic y el diputado Hotuiti Taae han expresado públicamente su preocupación por la falta de claridad institucional y la posible afectación a la seguridad y soberanía nacional. Ambos solicitan una revisión exhaustiva y secreta del proyecto por parte de las autoridades chilenas.
Con el cambio en la presidencia programado para el 11 de marzo, el futuro de la iniciativa se vuelve incierto. La llegada del presidente electo, José Antonio Kast, marcará un punto de inflexión en la política de Chile frente a la influencia china y la protección de sus intereses estratégicos en un escenario de creciente competencia internacional en infraestructura crítica.
