La causa judicial conocida como ANDIS vuelve a ocupar la atención pública y judicial tras la resolución de la Cámara Federal que ordenó revisar el origen de los audios que dieron inicio al expediente. Desde sus comienzos, el análisis sobre cómo se obtuvieron esas grabaciones y las garantías constitucionales involucradas ha sido un punto central y no un tema menor oportunista. La decisión de la Cámara confirma que la cuestión no fue apropiadamente abordada al inicio de la investigación, pese a que el expediente avanzó y se dictaron medidas sin despejar la legalidad de los medios de prueba utilizados. Aunque en etapas posteriores ni el juez ni la fiscalía sostuvieron formalmente que los audios fueran utilizados como prueba directa, la causa se origina en esas grabaciones, las cuales sostienen la denuncia que inició el proceso judicial. La legalidad de la obtención de esas grabaciones es una condición previa para que la investigación sea legítima en un Estado de Derecho, y la circulación de conversaciones privadas sin orden judicial, control judicial o garantía constitucional implica riesgos peligrosos para el sistema de justicia. La decisión de la Cámara, basada en la doctrina del 'fruto del árbol envenenado', ordenó investigar si los audios fueron obtenidos de manera ilegal o manipulado, lo que podría invalidar todo el expediente si se comprueba una vulneración de derechos. La resolución, que no declaró nulidades ni adelantó conclusiones, resalta la importancia de garantizar que el poder punitivo funcione bajo límites claros y respetando las garantías constitucionales, asegurando así la integridad del proceso judicial.
